Madrid, 26 nov (EFECOM).- El Tribunal Supremo estudiará este próximo miércoles los nueve recursos de casación presentados contra la sentencia de la Audiencia Nacional, por la que se condenó a siete directivos de Azucarera Ebro Agrícola a penas de entre 6 años y tres meses, por un fraude comunitario con azúcar de 27 millones de euros.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo analizará el dictamen hecho público por la Audiencia Nacional, hace más de un año y medio, sobre uno de los mayores fraudes del sector agrícola en España, regulado en el ámbito de la UE por la normativa comunitaria dirigida a estabilizar los mercados.
La fiscal anticorrupción Carmen Launa y otras ocho partes han recurrido contra la sentencia, que consideró probado que estos directivos cometieron delitos de falsedad en documento público y mercantil, y contra la hacienda comunitaria, entre los ejercicios de 1996 y 1999, lo que supuso un fraude de 27,06 millones de euros que deberá hacer frente la empresa, junto a los intereses devengados.
En aquella ocasión, la Audiencia Nacional asumió las tesis de la Abogacía del Estado y la fiscalía, que hablaban de una compleja operación para ocultar sobreproducciones de azúcar, fuera de las cuotas comunitarias permitidas -que estaban exentas de impuestos-.
Ese dispositivo, según la Fiscalía Anticorrupción, simulaba movimientos internos de importantes cantidades de azúcar entre las fábricas de Azucarera Ebro Agrícola, cuando realmente dicho azúcar salía al mercado exterior.
Además, se utilizó este procedimiento para ocultar los excedentes de azúcar que debían haber sido destinados a la exportación fuera de la UE, según la normativa comunitaria, y se omitía, de esta manera, el pago de los correspondientes impuestos por la falta de dicha exportación.
A fin de ocultar esta mecánica y la sobreproducción de azúcar no declarada a los organismos de inspección (Aduanas, Intervención de Cuentas y Ministerio de Agricultura), se falsificaron "cientos de documentos": libros contables, albaranes de transporte que contenían datos falsos de los movimientos y transportistas, recibos de pesaje de azúcar, certificado de higiene de los camiones o certificaciones de recepción de azúcar.
Los responsables de idear estas instrucciones fueron, según la sentencia, "los departamentos de Industria, Técnico y Comercial" de Azucarera, donde trabajaron los principales condenados a diferentes penas de cárcel.
Entre los directivos condenados se encuentran: Guillermo D'Auberade, director técnico de Azucarera y director de ingeniería de Ebro Agrícolas, que deberá cumplir una pena de seis años y tres meses de prisión; y a Jaime Sagristá, director de organización de producción de Ebro Agrícolas, y José Rafael Barrera, director de Fabricación Adjunto de Ebro Agrícolas, a cinco años y tres meses de cárcel.
La sentencia impuso a Rafael Vargas, director de la fábrica de Azucarera Benavente (Zamora) y encargado del departamento de producción en Ebro Agrícolas, una pena de seis años y tres meses de cárcel.
Además, la Audiencia Nacional condenó a cinco años y tres meses de prisión a Fernando Pérez, director comercial en Azucarera de España y Ebro Agrícolas; Aniceto Martín Misol, director Industrial de Azucarera Ebro Agrícolas (98/99); y Nicolás Bautista Valero, director general de Azucarera Ebro Agrícolas (98/99).
Por otra parte, los directores y administradores de las fábricas de azúcar de La Rinconada (Sevilla) -Antonio López y José Enrique Hidalgo-, La Bañeza (León) -Angel Domingo Ciriza y Elías Gamazo Marcos- y Salamanca -Andrés Francisco Canales y Agustín Fernández- fueron considerados responsables de un delito continuado de falsedad, por el que fueron condenados a un año y nueve meses de prisión.
En cuanto a la responsabilidad civil, se impuso un abono de 5,39 millones de euros por el impago de la exacción en la campaña 96/97 y de 21,49 millones de euros por este delito en las campañas 97/98 y 98/99, que deberá hacer frente, como responsable civil subsidiaria, Azucarera Ebro, junto a otros 715.000 euros por el impago de las cotizaciones por gasto de almacenamiento.
Azucarera Ebro Agrícolas se fusionó en 2001 con Puleva S.A. y dio lugar a la sociedad Ebro Puleva, el primer grupo de alimentación en España, que será, en última instancia, el que abone estas cantidades más los intereses derivados, si no prospera su recurso.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estará formada por el juez Enrique Bacigalupo, como ponente, y los magistrados Julián Sanchez Melgar, Miguel Colmenero, Luis Román Puerta y Carlos Granados. EFECOM
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