Los operadores españoles de telefonía móvil destinan cerca de 50 millones de euros en conocer quién llama por sus líneas, en su estrecha colaboración con las Fuerzas y Cuerpos se Seguridad del Estado y el Poder Judicial para la persecución de delitos. A esa cantidad se añadirá en los próximos meses el gasto de identificar a todos sus clientes de prepago que no tengan correctamente censados, así como el impacto en el negocio que representa el corte de las líneas anónimas a partir del próximo 8 de noviembre.
Pero lo peor de tanto esfuerzo es que la delincuencia organizada y el terrorismo tendrán casi todas las de ganar en el caso de que pretendan ocultar la identidad de las líneas de prepago de telefonía móvil. Pese a ello, el Gobierno y los operadores de telefonía harán todo lo que esté en sus manos para combatir el crimen y ponérselo lo más difícil posible a los malhechores.
Identificación de líneas
En ese empeño, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, animó ayer a difundir la conveniencia de que todos los ciudadanos identifiquen las líneas de prepago antes de noviembre, si no lo han hecho hasta la fecha. De lo contrario, las operadoras se verán obligadas a cortar el servicio a todas las líneas que no cumplan con los requisitos de la denominada Ley de Conservación de Datos.
Pese a la buena voluntad de la medida y los altos costes que representa, el propio ministro se resignó ayer ante la existencia de resquicios operativos en favor de las organizaciones delictivas. Lo hizo implícitamente al reconocer su desconocimiento sobre los niveles de control que realizan las compañías de telefonía sobre las altas de prepago realizadas a través de Internet.
Fuentes de las operadoras consultadas por este diario lamentaron la ausencia de herramientas técnicas que permitan cotejar la veracidad de los datos online aportados por los clientes. El hecho de que las líneas de prepago contratadas a través de la Red se envíen físicamente a una dirección postal no cubre todos los flancos de seguridad recomendables.
También existen lagunas importantes de seguridad en el uso de líneas de teléfono activadas en países extranjeros, especialmente aquellos procedentes de África, Asia o Europa del Este. En esos casos, los usuarios están exentos de cumplir las obligaciones que ahora hacen suya algunos estados de la Unión Europea, con España a la cabeza.
