PSOE propone proyectos envergadura sean aprobadas mayor control

Madrid, 21 nov (EFECOM).- El PSOE propone que una actuación urbanística que conlleve, por sí misma o en unión de las aprobadas en los dos últimos años, un aumento superior al 20 por ciento de la población o de la superficie de suelo urbanizado de un municipio sea autorizada con los máximos controles previstos en la legislación de ordenaciones territorial y urbanística de cada Comunidad Autónoma.

Así consta en una de las ocho enmiendas que ha presentado el PSOE al articulado del Proyecto de Ley del Suelo y en la que destaca que la ley apuesta por la participación efectiva y la sostenibilidad de los desarrollos urbanísticos.

Sin embargo, argumenta, "tanto la participación de los ciudadanos en el procedimiento como la evaluación ambiental de los planes quedan defraudados si se permite que sigan aprobándose grandes actuaciones de urbanización mediante modificaciones puntuales de los planes, sin la necesaria visión de conjunto de su impacto sobre la economía y el territorio locales".

En declaraciones a EFE, el diputado socialista Francisco Contreras señaló que lo que se pretende con esta enmienda -que supone la adición de un nuevo apartado al artículo 15- es que "no se cuelen" actuaciones de mayor envergadura e impacto que suponen un cambio sustancial en el modelo territorial, a través de mecanismos que no requieren un control exhaustivo de las máximas instancias.

Según el PSOE, un precepto de estas características "se muestra a todas luces necesario, vista la alarma social generada por algunas actuaciones urbanísticas recientes".

En opinión de los socialistas, su incidencia sobre el modelo urbanístico de las Comunidades Autónomas "es mínima", ya que sólo establece un estándar mínimo absoluto y deja en manos autonómicas la determinación de los casos y el procedimiento para la revisión de los planes.

Entre las enmiendas al articulado entregadas hoy por el PSOE en el Congreso de los Diputados, destaca otra que propone la adición de una nueva disposición adicional que prevé que la Administración General del Estado participará en los procedimientos de ordenación territorial y urbanística en la forma que determine la legislación en la materia.

En este sentido, cuando así lo prevea esta legislación, podrán participar representantes de la Administración General designados por ella en los órganos colegiados de carácter supramunicipal que tengan atribuidas competencias de aprobación de instrumentos de ordenación territorial y urbanística.

El PSOE entiende que el Estado debe participar en las decisiones urbanísticas que afectan directamente a sus competencias como vivienda, edificación, suelo, aguas, costas e infraestructuras cuando así lo establece la legislación urbanística, "como ocurre en muchas Comunidades Autónomas". EFECOM

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