La Comisión Europea ha hecho pública su doctrina para autorizar a los 27 Estados de la UE a sanear las cuentas de sus bancos y limpiarlas de activos tóxicos. Una de las fórmulas posibles es que los Estados creen los denominados bancos malos comprando los activos dañados. Otra fórmula es que los Estados desempeñen el papel de aseguradores de los riesgos que representan los activos tóxicos y se compromentan a socorrer al banco si estos activos depreciados nunca vuelven a ser aceptados por el mercado.
En este segundo caso, los bancos que se acojan al seguro del sector público deben pagar una prima. Otra opción es la nacionalización pura y dura.
La presentación ha corrido a cargo del socialista español Joaquín Almunia, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios; la liberal holandesa Neelie Kroes, comisaria europea de Competencia; y el liberal irlandés Charlie McCreevy, comisario europeo de Mercado Interior.
La hoja de ruta
Para autorizar estas intervenciones estatales, Bruselas exige que los bancos dispongan de un periodo limitado a seis meses para solicitar su participación en estos sistemas de saneamiento y ayudas públicas, y para presentar sus activos basura.
El Ejecutivo comunitario también reclama planes de reestructuraciones para paliar distorsiones de la competencia. Es decir, para evitar que los bancos en apuros por su mala gestión no salgan de la coyuntura, gracias al doping de las ayudas públicas, más fuertes que las entidades que no se metieron en problemas.
Bruselas exige igualmente una transparencia total y que los bancos descubran sus verguenzas antes de que los Estados tomen cartas en el asunto. También pide el Ejecutivo comunitario un enfoque coordinado para determinar y clasificar qué valores se pueden acojer al amparo de los poderes públicos.
La Comisión Europea reclama también un enfoque coordinado previo sobre los métodos para establecer el valor de estos activos, es decir, el dinero que los Estados inyectarán en los bancos a cambio de sus activos tóxicos. Bruselas defiende que la valoración se realice según el valor económico real en lugar de sobre el valor de mercado. Y añade que la metodología debe ser aplicada y certificada por expertos independeintes y por supervisores bancarios. La propia Comisión validará la valoración de los activos.
Un supervisor financiero único
