Madrid, 17 oct (EFECOM).- El anteproyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información normaliza el uso de Internet en la vida diaria al potenciar la comunicación del ciudadano con la administración y con las empresas por medios electrónicos y el fomento de la seguridad de Internet.
El anteproyecto, cuyo informe fue visto hoy por el Consejo de Ministros, clarifica el marco regulador para las posibles restricciones o bloqueo de servicios de la Sociedad de la Información en el espacio económico europeo, cuando un órgano competente decida que de acuerdo con su propia normativa hay que hacerlo.
El ministro de Industria, Turismo y Transportes, Joan Clos, compareció hoy por primera vez tras la rueda de prensa del consejo de ministros para señalar el papel que tendrá la nueva ley para concluir el proceso de ampliación de la banda ancha a todo el país, proceso que empezó hace tres años, con una inversión de 320 millones de euros.
Explicó que incluirá la implantación de medidas de protección de los derechos personales y de seguridad informática como medida de fomento del uso de la banda ancha y también la prestación de servicios telemáticos para la ciudadanía para incrementar la productividad de las empresas.
La futura Ley, ya muy avanzada pero que todavía no ha sido aprobada para su remisión al Congreso, se enmarca en el Plan Avanza de convergencia de la Sociedad de la Información con Europa, y obligará a los proveedores de acceso a Internet a informar a sus usuarios sobre riesgos y mecanismos de seguridad en Internet y de herramientas de filtrado de contenidos para la protección de menores.
Obligará las empresas de sectores económicos relevantes a facilitar a sus clientes un medio de interlocución telemática, basado en certificados de firma electrónica, para acceder a información relevante y realizar transacciones tanto de tipo de contractual como de posibles reclamaciones.
Las administraciones públicas deberán promover el empleo de medios electrónicos en sus relaciones con el ciudadano para facilitar su participación en la adopción de decisiones públicas.
El anteproyecto establece el uso obligatorio de la factura electrónica en la contratación con la Administración General del Estado.
Además, se obligará a las páginas web de las administraciones a satisfacer el nivel medio de accesibilidad para todos los ciudadanos.
También tiene como objetivo reforzar el papel del DNI electrónico, cuya plena implantación está prevista para 2008, para poder usarlo en más trámites con la administración y con las empresas de servicios y suministros.
El anteproyecto incide sobre la generalización de la banda ancha, de modo que exista cobertura total en España antes de que termine el año 2007, a precios razonables y por el medio tecnológico más adecuado.
El anteproyecto tipifica como infracción administrativa el incumplimiento por parte de los operadores de los derechos de los consumidores y usuarios en el ámbito de las telecomunicaciones.
También flexibiliza las obligaciones e identificación en las comunicaciones comerciales por vía electrónica y las relativas al proceso de contratación electrónica para su adecuación a la telefonía móvil de datos y a otros servicios similares.
El anteproyecto recoge la eliminación de obligaciones excesivas en la prestación de servicios de la sociedad de la información y clarificación del marco regulador para la restricción de servicios.
Para fomentar la firma electrónica, el anteproyecto clarifica las reglas de valoración de la firma electrónica en juicio y flexibiliza la obligación de los prestadores de servicios de firma electrónica de comprobar los datos inscritos en registros públicos.
Establece un marco jurídico mínimo para las subastas electrónicas entre empresas (B2B) y flexibiliza las reglas aplicables a la contratación electrónica a fin de promover su uso.
Finalmente potencia las funciones del Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.
El ministro de Industria, Joan Clos explicó, a preguntas de los periodistas, que se trata de hacer una ley "facilitadora", lo que supone que habrá "una administración proporcionada y sensata de las obligaciones de las empresas" en materia electrónica, de forma que las exigencias serán proporcionales a su tamaño.EFECOM
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