APCE: solución a corrupción urbanística es eliminar excepciones

Madrid, 14 nov (EFECOM).- La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) cree que la única solución para evitar la corrupción es "eliminar las excepciones" en las políticas de urbanismo de los Ayuntamientos, de manera que los empresarios no tengan que pasar por "taquilla" para obtener licencias de obra.

En un encuentro con la prensa para presentar el XXV Coloquio Nacional de Promotores Constructores, que se celebrará el próximo 20 de noviembre en Madrid, tanto el presidente de APCE, Guillermo Chicote, como el secretario general de esta asociación, Manuel Martí, lamentaron que los casos de corrupción urbanística salpiquen a todos los profesionales del sector.

En este sentido, calificaron de "sandez que se diga que vamos con el maletín por allí", cuando los promotores son los "primeros interesados" en eliminar la corrupción por la "competencia desleal" que genera, entre otros motivos.

La APCE reconoce que la corrupción es un "fenómeno malo" pero hace hincapié en que es un "problema con una magnitud reducida".

Según los promotores constructores, si en España se han hecho cada año 600.000 viviendas y los casos conocidos de corrupción no llegan a afectar a 20.000 viviendas en la actualidad, "parece que la importancia porcentual del problema es muy pequeña".

Pero aún admitiendo las cifras facilitadas recientemente por el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, Antonio Vercher, quien asegura que hay 100.000 viviendas ilegales en España, (producidas en un periodo de 10 años) "el resultado es menos del 2 por ciento del total", indicó Martí.

A juicio de Chicote, un primer paso para poner remedio a la corrupción, es eliminar el "excesivo papeleo administrativo", las excepciones en las políticas de urbanismo de los Ayuntamientos y proporcionar más seguridad jurídica, para que "no haya que pasar por taquilla".

Ante la pregunta de si los promotores no tienen también su parte de culpa por pagar para obtener, a cambio, una licencia, Chicote asintió, pero tanto él como Martí señalaron que los constructores son "empresarios y no suicidas", dado que, explicaron, muchos profesionales del sector, si denunciasen casos de corrupción en un determinado Ayuntamiento, "nunca más volverían a construir en ese municipio".

En opinión de los máximos representantes de la APCE, "tenemos que replantear entre todos una política urbanística coherente", por lo que esta asociación lleva exigiendo "desde hace años" un pacto de estado en esta materia.

Además, según la APCE, algunas medidas adoptadas por el Gobierno, y, en concreto por el Ministerio de Vivienda, "no ayudan a solucionar los problemas" de precios de pisos y de suelo o de crecimiento urbano.

A juicio de esta asociación, la repercusión de las exigencias del Código Técnico de la Edificación (CTE) en el coste de la construcción, "será mayor" de lo que calcula el departamento que encabeza María Antonia Trujillo, y "dificultará la ejecución de las viviendas protegidas".

Por ello, Martí reclamó de nuevo que el Ministerio de Vivienda revise el precio máximo de venta (el denominado Precio Básico Nacional) de las VPO, porque de otra manera, los precios de construcción de las viviendas protegidas se trasladan a las viviendas libres.

"Siempre habrá distancias entre la vivienda protegida y la libre, pero la que hay hoy es incómoda e insostenible", sostuvo Chicote, quien también señaló que la Ley del Suelo, actualmente en tramitación parlamentaria, no será la solución al problema del precio del suelo y de la vivienda, sino por el contrario provocará, si se aprueba con el texto actual, un encarecimiento aún mayor del suelo, y, en consecuencia, de los pisos.

Recordó que los promotores constructores están en contra de medidas contenidas en la futura ley como las valoraciones de suelo, el aumento de las cesiones y la reserva obligatoria para vpo, algo que se reflejará en las enmiendas que los partidos políticos presentarán en breve al texto.

Para la APCE la solución no es establecer límites al crecimiento urbano, como propone el Gobierno, porque "si hay demanda y no se hacen viviendas suben los precios", lo que se "compadece mal con las viviendas sociales".

Por tanto, explica, "sólo creando nuevos suelos, con infraestructuras y dotaciones adecuadas, se puede contener el aumento de los precios en los lugares donde la demanda es fuerte". EFECOM

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