
Las instituciones fundacionales reclaman al nuevo titular de Justicia, Rafael Catalá, que retire el anteproyecto de Ley de Fundaciones, una iniciativa que consideran "retrógrada" y alejada de la concepción del Estatuto Europeo de Fundaciones y de los alicientes tributarios al mecenazgo. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Fundaciones
La reforma integral de Fundaciones, auspiciada por la plana mayor del ya exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, estrecha el cerco sobre el modelo fundacional, no sólo por la creación del Registro Único y las nuevas exigencias auditoras y contables, sino por el elenco de poderes que otorga al Protectorado. Por ejemplo, el texto establece un trámite de supervisión previo por parte de este organismo antes de constituir la fundación.
Un paso atrás
Por su parte, el Gobierno señala que su texto fomenta la transparencia y las buenas prácticas de gobierno. Pero las asociaciones denuncian que este nuevo proyecto representa un paso atrás, al tiempo que pone de manifiesto una enorme desconfianza hacia el sector.
Aseguran que el texto del anteproyecto devuelve a las fundaciones al concepto clásico de entidades de beneficencia: no deja claro qué actividades pueden o no pueden desarrollar. Desconoce que la participación de la fundación en sociedades mercantiles no se produce como pura actividad de inversión o de captación de recursos, sino como forma de realización del fin fundacional.
Esto puede poner en peligro la inversión de estas organizaciones en actividades de investigación, o el desarrollo de muchas actividades asistenciales, como centros especiales de empleo, empresas de inserción o empresas sociales, que se realizan por sociedades participadas por la fundación.
El sector no ha pedido la Ley
Las voces de las instituciones fundacionales aseguran que es una ley que el sector no ha pedido y que no existe justificación alguna para la la sustitución integral de la norma actualmente en vigor.
En este sentido, los expertos y órganos consultivos del Estado, como el Consejo Económico y Social (CES), recomiendan que si esta reforma sustantiva sigue su tramitación, se haga en paralelo a la de Mecenazgo, donde se determina el mapa fiscal de las organizaciones sin ánimo de lucro.