Lo más grave de este proceso no es el efecto negativo que tendrá este veto comercial sobre las aceituneras españolas, sino la amenaza que Estados Unidos está lanzando contra todo el sistema de ayudas a la agricultura europea.
El pasado mes de junio, las dos empresas más importantes de aceituna de mesa de California, Bell Carter Foods y Musco Family Olive, agrupados en la Coalición para el Comercio Justo de las Aceitunas Negras, presentaron a su gobierno una petición de imposición de derechos antidumping y compensatorios contra la importación de aceituna negra de España, en la que alegan que la industria española hace competencia desleal porque vende a unos precios por debajo del mercado que les hacen daño, debido a las ayudas que recibe de la Unión Europea.
Competencia
No es la primera vez que los productores e industriales de California intentan impedir la competencia de España y proteger su mercado, algo que han intentado en numerosas ocasiones, siempre que han tenido una oportunidad en los años 70, 80 o con motivo de cualquier disputa comercial entre Estados Unidos y la UE.
En esta ocasión ha sido el ambiente proteccionista que ha creado el presidente Trump, con su lema América Primero, el que ha animado a los californianos a presentar esta nueva petición, que ha llevado a EEUU a abrir tres investigaciones iniciadas por dos organismos diferentes y que finalizarán en el mes de junio de 2018. La International Trade Commission se ocupa de averiguar si es verdad que la importación de aceituna negra de España causa daño al sector californiano o supone una amenaza y, el Departamento de Comercio, si las empresas españolas venden a precios de dumping -por debajo de costes o del precio en España- y si las subvenciones de la UE son las que permiten esos precios.
A finales de noviembre EEUU ha adoptado una primera decisión en el transcurso de las investigaciones iniciadas en junio de 2017 al imponer un arancel provisional que, para la mayoría de las empresas exportadoras será del 4,47 por ciento, mientras que para las tres empresas que fueron investigadas se establece un arancel específico a cada una del 2,31, 2,47 y 7,24. Estos aranceles, a los que se pueden añadir otros, son provisionales y tendrán que ser confirmados o anulados al final de proceso.
Consecuencias reales
Las consecuencias reales para el sector las veremos en los próximos meses cuando podamos comparar y ver la pérdida de competitividad frente a las empresas californianas y frente a otros países competidores que saldrán beneficiados como Egipto, Turquía, Marruecos o Portugal, a los que no les afecta la medida porque la investigación se dirige sólo contra la aceituna negra española. Sí es cierto que las empresas se muestran muy preocupadas ante la posibilidad de perder un mercado tan importante y con potencial de crecimiento.
Pero lo más grave de este proceso no es sólo el efecto negativo que tendrá este veto comercial sobre las aceituneras españolas, sino la amenaza que EEUU está lanzando contra todo el sistema de ayudas a la agricultura y al sector agroalimentario europeo, poniendo en cuestión de manera injusta y arbitraria todos los programas europeos de apoyo a la agricultura, que podría afectar a todos los beneficiarios de las subvenciones de la PAC, desde los agricultores de trigo en Francia hasta los productores de leche polacos.
Hasta ahora pensábamos que todas las ayudas incluidas en la Caja Verde, según la terminología de la Organización Mundial del Comercio, estaban aceptadas y eran indiscutibles, pero desde ahora, si la UE no lo impide, son discutibles e, incluso, ilegales. Las ayudas que reciben los productores de aceituna de mesa no son específicas, son las que reciben los agricultores por el hecho de serlo, no son subvenciones a la exportación, no incentivan la producción y no afectan a los precios a los que vende la industria.
A pesar de todo, EEUU las discute y si termina imponiendo aranceles compensatorios de las subvenciones y la UE lo permite, se estará abriendo la puerta para que cualquier sector de cualquier país del mundo que compita con productos de la UE siga el mismo camino y abra investigaciones similares. Por ello, las empresas asociadas a Asemesa, la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa, no sólo están defendiendo al resto del sector, sino a todos los sectores agroalimentarios que podrían sufrir el mismo ataque que nosotros sufrimos. Es un asunto de máxima prioridad para la UE y para España, y el sector debe recibir el máximo apoyo de la Administración.
La defensa
Asemesa ha asumido desde el primer momento la defensa de las investigaciones, cuyo coste está siendo millonario, y está recayendo exclusivamente en sus empresas asociadas. Se están dando pasos importantes con el apoyo demostrado por parte de todas las Administraciones autonómica, nacional y europea, en la misma línea y coordinadas, pero hace falta un paso más porque la agresividad y desproporcionalidad con las que el Departamento de Comercio de EEUU está llevando las investigaciones nos están dejando al borde de la indefensión.
En la última reunión mantenida entre el Gobierno central -Ministerio de Agricultura y Secretaría de Estado de Comercio-, el Gobierno Autonómico -Consejería de Agricultura- y el sector, la Administración central se comprometió a estudiar formas de apoyo que permitan afrontar el alto coste jurídico del proceso.
Quizás lo que habría que haber hecho desde el primer momento era pedir a la Administración, especialmente a la Comisión Europea, que considerase este asunto como una cuestión de Estado por ser una amenaza para su política agrícola y para todos los sectores. Si la causa de todo son las ayudas que concede la UE debería ser ésta la que nos defienda y se defienda de la acusación de que las ayudas no son legales o no acordes con las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Algo habrá que hacer, porque ya algunas industrias empiezan a pensar que las ayudas de la PAC no pueden convertirse en un problema para ellas.
