Las empresas integradas en Aces, la Asociación Española de Cadenas de Supermercados, suman 2.513 establecimientos en toda España, con una superficie cercana a los 3 millones de metros cuadrados. Suponen el 26,95 por ciento de la superficie comercial de venta de alimentación organizada y, aunque a veces se les culpa de todos los males de la industria, quieren que su voz también se escuche ante las distintas administraciones. Sus socios son Carrefour -City, Market y Express-, Alcampo -Simply Market, HiperSimply y Aro Rojo-, Lidl, Eroski -City, Center y Caprabo- y El Corte Inglés -Supercor y Supercor Express-; y su director general, Aurelio del Pino.
¿Cómo está evolucionando el consumo en estos primeros meses del año?
Las Navidades fueron malas en términos de ventas porque se notó el impacto de la retirada de pagas extras y subida de impuestos y aunque en estos primeros meses la situación se ha mantenido igual nuestras empresas están trabajando con una previsión optimista. Sin embargo hay que tener en cuenta que hay pautas que no van a cambiar ya, como el precio como factor imprescindible de compra. Lo que nuestros políticos tienen que entender es que no se saldrá de la crisis sin una estimulación del consumo privado, porque tiene un efecto arrastre sobre el resto. Por eso, cada vez que se habla de subir impuestos se genera una gran preocupación.
Y además se trata de un sector que mantiene el nivel de empleo.
Sí, desde luego, y eso que las ventas se han ido deteriorando. Es un sector que tiene una capacidad de sostenimiento de la economía muy importante y eso implica que los poderes públicos deberían cuidarlo mucho más de lo que lo hacen. Hay que defender a las pymes, pero también hay que tener en cuenta las necesidades de las grandes empresas, que son el soporte de la economía.
¿Cómo pueden afectar los nuevos impuestos y tasas económicas al consumo?
Tienen un efecto muy distorsionador. Hay iniciativas por la vía tributaria que no sólo rompen los grandes consensos sectoriales, sino que además generan discriminación y rompen la unidad de mercado. En materia, por ejemplo, de los envases y con la excusa medioambiental, Baleares está introduciendo un nuevo impuesto que rompe lo que se había pactado en la Ley de Residuos. Se llegó a un consenso para que fuera la industria quien se reponsabilizara a través de los sistemas de gestión integrada de la recogida de los residuos y ahora se penaliza una actividad cuyo impacto ambiental ya está amortizado. Genera muchas distorsiones en el funcionamiento de las transacciones entre la península y las Islas, pero también supone un gran bocado a los presupuestos de las economías familiares de los ciudadanos de Baleares. Y en Cataluña pasa lo mismo, se pacta una línea de autorregulación contra la obesidad dentro de la estrategia Naos y luego la Generalitat penaliza determinados alimentos como las bebidas refrescantes.
Es lo mismo que ocurre cuando se grava a un determinado formato comercial...
Sí, lo que se está haciendo con ello es penalizar el consumo y supone además una amenaza muy importante para la rentabilidad de las empresas, porque afecta directamente a la última línea de la cuenta de resultados. Penalizan a un sector que invierte, mantiene el empleo y ha reducido costes para seguir siendo competitivo.
¿Qué opinión tiene de que ya no se legisle por ley la caducidad de los yogures?
Los yogures suponían una excepción en el régimen normativo sobre caducidad. La legislación establece que debe ser el propio fabricante el que decida cuál es la fecha de caducidad, si hay un riesgo microbiológico, o de consumo preferente. Esa función de autorregulación se rompía en el caso del yogur porque la ley obligaba a que forzosamente fueran 28 días. Lo que hace la modificación de la norma es dejar al yogur en un régimen normal. Ahora serán los fabricantes, de acuerdo con el conocimiento del producto, los que decidirán.
¿Están preocupados por el fraude de la carne de caballo?
No es una crisis alimentaria porque no hay ningún riesgo de seguridad. Y no en todos los casos tiene por qué haber habido un fraude. Industria y distribución hemos tenido un frente común, nos hemos puesto a disposición de la Administración para mejorar los controles y seguir las recomendaciones de las autoridades. Estamos alerta, pero insisto en que no es un problema alimentario.
Aces ha mostrado ya su oposición al actual proyecto de ley de la cadena alimentaria, ¿apuestan por un pacto?
La postura de la distribución organizada, y de Aces, ha sido muy clara. De existir determinadas anomalías o prácticas no deseables, el propio sector debe encargarse de eliminarlas a través de la autorregulación, pero no monitorizada, sino en términos de libertad empresarial, negociada entre los agentes de la cadena. Hemos propuesto a Agricultura que se explore, como dijo después Competencia, la mejora de la regulación mercantil, a través de la mejora de la ley de competencia desleal, y tratar de establecer un marco que favorezca esa autorregulación sectorial, como sucede en otros muchos sectores, como la publicidad.
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