Durante los últimos 30 años, España ha doblado su volumen de masa forestal, al pasar de 10 a 18 millones de hectáreas arboladas. Sin embargo, el montante destinado por las administraciones para su conservación se ha reducido un 30 por ciento. De los 1.500 millones empleados en 2009 se ha pasado a apenas 1.000.
La caída en los trabajos de silvicultura es, según la Asociación de Empresas de Servicios Forestales, aún mucho mayor, dado que los fondos para la extinción de incendios es la que ha registrado un menor descenso, un 15 por ciento. "Lo que ha quedado laminado y prácticamente ha desaparecido ha sido el mantenimiento de las masas forestales" asegura el presidente de Asemfo, Miguel Duralde.
El presidente de Asemfo, que agrupa a cerca de medio centenar de empresas de servicios forestales, reclama a los organismos públicos que enfilen "el camino real para luchar contra la plaga de los incendios" y para aprovechar "la impresionante oportunidad de desarrollo económico y medioambiental de España" que brindan los bosques.
En este sentido explica que, por ejemplo, en los tratamientos selvícolas, el 80 por ciento del coste es para mano de obra, un empleo que se crea en las zonas rurales, seriamente afectadas por la despoblación. Pero también, destaca la importancia de los bosques por el potencial que ofrece la biomasa como fuente de energía autóctona, o en el ciclo hidrológico tan importante en un país torrencial como España, o para el aprovechamiento de la madera, el turismo o los beneficios medioambientales, como es la fijación de CO2 o el mantenimiento de la biodiversidad.
Costes irrisorios
"Los costes del sector forestal son irrisorios, frente a los aeropuertos que se han hecho, donde se han gastado cientos y cientos de millones que no los han invertido en el monte en años", indica.
El representante empresarial tiene claro que "hay que trabajar en el monte, no mirarlo de lejos y prohibir su entrada. Hay que explotarlo porque además es necesario, hay que cortarle el pelo", dice. Y es que las Administraciones parecen más preocupadas por los efectos propagandísticos que por la gestión adecuada de los bosques. "Están obsesionados por abrir un parque nacional, poner carteles muy grandes en la autovía anunciándolo, pero luego no hay nada más", indica.
Las perspectivas de futuro no son muy halagüeñas porque las administraciones "no entienden que con muy poco se hace mucho. Lo único que entra son los fondos de la UE, pero a nivel nacional estamos colapsados por un techo de gasto que no da para más". El pasado año se hizo un Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal, que no hace sino "recopilar" las medidas que ya había, y es que la UE recomienda que se llegue al 15 por ciento de los fondos de Desarrollo Rural que se dediquen al sector forestal; las Administraciones se quedan en un 11 ó un 12 por ciento.
La drástica reducción de la inversión en conservación y mantenimiento ha diezmado un sector formado fundamentalmente por pymes de ámbito local. No ha sido esta la única razón porque han encontrado en las empresas públicas sus principales enemigos, entidades que han proliferado en administraciones regionales y locales a imagen y semejanza de Tragsa.
De los 1.000 millones de inversión, Tragsa y las empresas públicas se pueden estar llevando más del 50 por ciento y, en casos como Castilla-La Mancha la totalidad. "A mí siempre me dicen que contratar con una empresa pública es muy cómodo porque utilizan la figura de la encomienda de gestión. Pero aunque hay controles, se relajan y además las empresas privadas trabajamos más barato. Es un proceso clarísimo de ineficiencia y, aunque es legal, no es acorde con los tiempos que corren, donde lo que hay que primar es la competencia, la competitividad y la eficiencia".
Además de esta competencia, las empresas forestales se enfrentan a una creciente complejidad administrativa, aumentada por la prolija legislación medioambiental, interpretada en cada territorio de manera distinta. "Creíamos que al estar en la UE íbamos a tener más facilidades para movernos, pero nos estamos poniendo barreras en nuestra propia casa. Estamos rompiendo el mercado único, pero no el europeo, sino el español", dice Duralde.
España se encuentra en el mejor momento de su historia en cuanto a masa forestal, pero en el peor de los últimos 15 años en inversión pública para su mantenimiento, una situación que es campo abonado para la proliferación de incendios e impide rentabilizar económica y medioambientalmente nuestro rico patrimonio arbóreo.
