Denuncian que las autoridades no están haciendo lo posible para solucionar esta crisis política.
El sector empresarial se cansó. En un inusual desplegado demandó a las autoridades ejercer el Estado de Derecho, para buscar un freno a la impunidad de diversos ilícitos que tienen un costo para el país de 10 puntos del PIB -aproximadamente 1.700 millones de pesos (101 millones de euros al cambio actual)-, incluyendo inversiones no hechas, pérdidas por robos, gastos en sistemas de seguridad, entre otras cosas. Además de que provocan que la economía deje de crecer anualmente entre 1 y 1,5 puntos.
Hay un ambiente "hostil a la actividad económica, al no haber Estado de derecho, ni confianza en las instituciones; en la protección del patrimonio, entonces las empresas dudan en invertir", comentó el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis Foncerrada.
Secuestros a transportistas, saqueos, robos, entre otros ilícitos, han sido una constante en los últimos años, pero que se han recrudecido luego de los acontecimientos sociales en Guerrero, Oaxaca y Michoacán, además del riesgo de que los actos se repliquen en otras entidades ante la falta de acciones de la autoridad.
El presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, dijo que el año pasado se reportaron 188 unidades de pasajeros robadas, 37 hurtos en la cadena de proveeduría, 217 tripulaciones y vehículos afectados, 4.000 337 ilícitos contra la industria de alimentos, dos saqueos a tiendas de autoservicios y 44 manifestaciones violentas en diversos puntos del país.
El año pasado, el robo de autos y camiones con violencia se incrementó de manera importante en estados como Baja California Sur en 141 por ciento, Tabasco 70 por ciento , Oaxaca 43 por ciento, Quintana Roo 41 por ciento y, en Sonora 31 por ciento, de acuerdo con cifras de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asociados (OCRA).
En cuanto al robo de camiones de transporte de mercancía, la Asociación Nacional de Transporte Privado que agrupa a empresas como Bimbo, Sabritas, Corona, Superior, ICA, y Femsa, han reportado una disminución de ataques contra sus camiones distribuidores, pero hay carreteras donde todavía es peligroso circular.
Las carreteras Monterrey-Ciudad Victoria; Ciudad Victoria-Nuevo Laredo, Atlacomulco-Tlajomulco y algunas en Sinaloa y Oaxaca siguen presentando problemas de asaltos a transportistas.
Ninguna industria se salva, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) aseguró que el índice de robos disminuyó en 2014, respecto a 2013, aunque hay algunos sitios como Nuevo León y el Estado de México donde el problema se ha recrudecido.
De enero a octubre el robo ascendió a 500.648 toneladas de acero.
El director general de la Canacero, Salvador Quesada, dijo que además el crimen organizado se ha filtrado en las minas, donde extrae mineral de hierro para luego comercializarlo en el mercado negro.
No lejos de los problemas relacionados con la inseguridad y las pérdidas por robos, la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), otra de las firmantes del desplegado, advirtió -apenas dos meses atrás- que en 2014 las mermas por estos flagelos alcanzaron los 10.000 millones de pesos (593 millones de euros).
Mientras que para el director general Adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, "hay dos frentes abiertos, donde hay ataques directos a empresas distribuidoras: Guerrero y Tamaulipas. El año pasado, en Guerrero, cerraron dos distribuidoras por amenazas y violencia".
El director general del Imco, Juan Pardinas, dijo que el desplegado que lideró el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresa el abandono de las autoridades en su cumplimiento de proteger la integridad física y la seguridad jurídica y patrimonial a sus habitantes.
Sin un frente a la impunidad y la inseguridad pública, así como el restablecimiento del Estado de Derecho, México difícilmente concretará las metas que tiene en materia de crecimiento económico, generación de empleos, de inversión, prosperidad, productividad y competitividad, dijo la directora general del observatorio México ¿Cómo vamos?, Viridiana Ríos.
La semana pasada, el CCE publicó un desplegado demandando a los tres niveles de gobierno y a los tres poderes de la Unión no ser omisos a su mandato y aplicar la ley.
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