El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha exigido "una solución transitoria inmediata" que exima "ya" del pago de las tasas judiciales a las personas físicas hasta que se apruebe por decreto ley para evitar así que miles de personas "sigan sufriendo la violación de su derecho fundamental de acceso a la Justicia".
Ha advertido, además, que continuará defendiendo la necesidad de suprimir este gravamen en el caso de las pequeñas y medianas empresas con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.
En una nota de prensa, el CGAE ha mostrado "su satisfacción parcial" y ha recordado que la decisión del Gobierno, anunciada por Mariano Rajoy durante el Debate sobre el Estado de la Nación, se ha debido a "la lucha de mil días" emprendida junto a los operadores jurídicos, partidos políticos, sindicatos y consumidores, en la calle y en las redes sociales.
Situación injusta
La Abogacía, que ha destacado que esta medida supone acabar con una situación radicalmente injusta, considera que el Gobierno es consciente de que el Tribunal Constitucional podría aceptar total o parcialmente los argumentos de los cinco recursos de inconstitucionalidad promovidos por el PSOE y por los Gobiernos de Andalucía, Cataluña, Aragón y Canarias.
Contra las tasas se han planteado, además, numerosas cuestiones de inconstitucionalidad por juzgados de lo social, de primera instancia y de la Audiencia Nacional. También la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en un acuerdo de Pleno no jurisdiccional, estableció que no debían exigirse a los trabajadores.
Todas las medidas anunciadas por Rajoy
