"En el último año han desaparecido 300.000 pymes y micropymes". Esta es una de las conclusiones que se derivan del estudio elaborado por el Registro de Expertos de Economía Forense, Refor-Cge, institución dependiente del Consejo General de Economistas (CGE). Bajo el nombre 'Segunda Oportunidad. Situación actual y perspectivas de mejora', el informe, destinado a empresarios autónomos, evidencia una clara destrucción de empresas en España.
Esta caída ha puesto sobre la mesa la necesidad de adaptar la futura Ley de Segunda Oportunidad, que está siendo elaborada por el Gobierno, a todos aquellos empresarios y profesionales independientemente de su forma jurídica o situación laboral, en especial en el caso de las micropymes y pequeñas empresas, por lo que piden así que la ley deje de limitarse únicamente a los autónomos.
Favorecer a las pymes
Los economistas defienden que la Ley de Segunda Oportunidad no garantiza un acceso fácil a los pequeños empresarios y a los autónomos. De esta forma, se pretende poner de manifiesto la insolvencia empresarial en el nuestro país, a través de estadísticas de procedimiento concursal, y reflejar, también, la siniestralidad real de las compañías.
Para llegar a una solución, los expertos proponen flexibilizar los requisitos de remisión de deuda. Así mismo, animan a los agentes implicados a alcanzar un mayor compromiso de viabilidad para preservar la actividad económica del autónomo. De estar forma, el estudio se muestra a favor de que los acreedores realicen un mayor esfuerzo para conducir a las microempresas a un terreno más viable y en el que tengan mayores mecanismos para hacer frente a las dificultades.
Por otro lado, en palabras del CGE, es necesario potenciar la mediación concursal, tal y como declaró el presidente de la institución, Valentín Pich, quién, haciéndose eco de las últimas estadísticas de procedimiento concursal publicadas por el INE, en las que se constataba una disminución del 29% en el número de concursos con respecto a 2013, aseguró que "si bien esta disminución es una buena noticia en términos absolutos, la realidad es que la pequeña empresa, que supone el 95% de nuestro tejido empresarial, no acude al concurso y la salida real de estas empresas ante problemas de insolvencia sigue siendo escasa y ardua".
Por este motivo, Valentín Pich se refirió a la Ley de Segunda Oportunidad como una "iniciativa pausible pero en la que todavía quedan por analizar algunos resortes de aplicación, como el grado de implicación y compromiso del crédito público en la remisión de deudas, la exoneración del avalista tercero y las facilidades financieras siempre que haya garantías para ello".
Involucrar a la Administración
Otra de las propuestas presentadas por el CGE incluye al sector público. Defienden así potenciar la mediación concursal por parte de la Administración pública para que las instituciones no sigan al margen de estos procedimientos. Además, los economistas esperan que las Administraciones participen en la segunda oportunidad, ofreciendo quitas y esperas al mismo nivel que otros operadores.
Por último, el estudio ha puesto de manifiesto la posibilidad de que la norma contribuya tanto a mejorar la situación económica, como a disminuir la economía sumergida.
Piden extender la Segunda Oportunidad
