Hay futuro para las Cámaras. El anteproyecto de ley que fija nuevas funciones para estas instituciones acaba con la incertidumbre que introdujo la supresión de las cuotas obligatorias sobre su continuidad. Con el marco normativo aclarado, las Cámaras reclaman, sin embargo, que se concrete una financiación pública suficiente para que puedan atender todos los servicios que la Ley les encomienda. No son los únicos reparos que plantean los representantes de las 88 cámaras que existen en nuestro país. Aspectos como la entrada de las grandes empresas a cambio de aportaciones económicas o la potestad de las Comunidades Autónomas para decidir cuántas cámaras quedarán, inquietan en estas instituciones.
Las tres Cámaras de Comercio Vascas, que se integran en la asociación Eusko Ganberak, consideran que los principios del anteproyecto de Ley están muy bien orientados y cumplen con las expectativas de las funciones que han de cumplir las cámaras para impulsar la competitividad y la internacionalización de las pymes.
Para Eusko Ganberak el "anteproyecto aporta mejoras sobre la ley anterior de 1993 y el Real Decreto de 2010" al mantener a las cámaras como organismos "de derecho público" y la adscripción a ella de todas las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas.
Se muestran satisfechas con las nuevas atribuciones como su participación en el diseño y aplicación de los planes de mejora de la competitividad; el asesoramiento a las administraciones en materia de regulación para la creación de empresas; actuar como agentes que fomenten la innovación y la trasferencia tecnológica en las pymes o colaborar en el impulso de la economía digital en las empresas. También destacan entre las novedades el papel que van a jugar en la promoción del turismo.
Se asegura la continuidad
Para Jesús Blasco, presidente del Consejo Aragonés de Cámaras y presidente de la Cámara de Teruel, con este texto la continuidad de las cámaras "deja de estar en el aire". En esto mismo abunda José Vicente Morata, máximo responsable de la Cámara de Valencia y del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, que considera "positivo y necesario", que se regulen unas entidades de derecho público que ya venían prestando servicios como apoyo a la internacionalización y a las que se han adjudicado otros nuevos como el arbitraje y la mediación.
Desde las Cámaras de Castilla y León, tras matizar que el texto llega con "más retraso de lo esperado", se aplaude que el Gobierno se haya decidido a centralizar las políticas de internacionalización, formación y creación de empresas en los organismos camerales como ocurre en Europa lo que "permitirá impulsar la marca España".
Desde la Cámara de Comercio de Barcelona consideran que la nueva Ley cumple sus expectativas ya que "mantiene la consideración de corporación pública de las cámaras y les otorga la representatividad de todas las empresas, igual que hasta ahora. Nosotros representamos a 380.000 empresas y autónomos de Barcelona y a partir de ahora seguiremos haciéndolo", aseguran.
Una ley mejorable
Para Andalucía, "la nueva Ley satisface parte de las expectativas que han ido forjándose en medio de la incertidumbre que ha marcado estos años el devenir de las Cámaras. Hay que destacar el papel que le confiere el Gobierno en el terreno de la internacionalización, confiándole además otros servicios como son la mediación o la formación mediante la aplicación del sistema alemán de la formación dual. Si bien, el anteproyecto de la Ley se queda corto en otros aspectos como la financiación. La Ley no es mala pero es mejorable".
Es precisamente en la financiación donde comienzan las matizaciones al proyecto, fundamentalmente por la falta de concreción. Las fuentes de las cámaras castellano y leonesas consultadas destacan que la aportación pública es algo obligado tanto por la naturaleza jurídica como por los servicios que van a prestar. En el primer punto, destacan que si se crea una corporación de derecho público a la que se atribuye una serie de funciones deben tener su correspondiente financiación, al igual que un ayuntamiento tiene encomendadas unas prestaciones que hay que dotar económicamente. Como ejemplo, ponen el de la Formación Profesional Dual, que en Alemania "está financiada en un 70 u 80%".
La Cámara de Madrid reconoce abiertamente su decepción. "Echamos en falta una solución al problema de la financiación de los servicios públicos y las cámaras más pequeñas tendrán dificultades.".
Instituciones fundamentales
En la misma línea se centran las críticas recogidas en algunos sectores camerales que aseguran que se "fía la financiación a los servicios privados que se puedan prestar así como a la caridad de empresas o instituciones", pese a que el anteproyecto de ley considera que "las Cámaras son instituciones fundamentales para la vida económica de nuestro país".
En este sentido, se preguntan "qué empresas van a realizar aportaciones voluntarias a las Cámaras cuando una amplísima mayoría de los vocales presentes en el pleno no tienen obligación de realizar desembolso alguno".
Uno de los aspectos que más preocupan a las Cámaras vascas es la ausencia del término "encomienda de gestión" para las funciones relacionadas con internacionalización o competitividad, ya que "no asegura un sistema de financiación estable para estas materias. Lo deja abierto a posibles convenios o acuerdos, lo que no clarifica a priori cómo se van a financiar ni la disponibilidad de fondos".
También el presidente del Consello Galego de Cámaras, José García Costas, reconoce que sin financiación pública, será "francamente difícil, si no imposible", que los rendimientos netos de la prestación de servicios puedan cubrir las funciones público-administrativas, de carácter obligatorio, que la ley encomienda y exige.
El anteproyecto estipula que la presencia de las grandes empresas en la Cámara de España está vinculada a su aportación económica a la misma. Desde las Cámaras vacas consideran que dicha aportación debería tener alguna incidencia en la Cámara de referencia de la gran empresa implicada y no sólo en la Cámara de España. También estiman determinante que se "preserve el patrimonio de las Cámaras", entendiendo por tal servicios básicos como los certificados de origen; el papel en las políticas de exportación e internacionalización; además de las funciones de formación y arbitraje. Para las cámaras vascas estos aspectos son básicos e inherentes a los servicios principales de estos organismos.
El aragonés Jesús Blasco, aunque reconoce que las cámaras "tenemos que ser capaces de alcanzar una buena economía con recursos propios con los servicios que se prestan", matiza que "si la ley de cámaras nos encarga la internacionalización y el plan de competitividad de la empresa se debe desarrollar con una financiación. Determinados encargos deben llevar una partida presupuestaria".
Grave tesitura por la crisis
El presidente de la cámara valenciana baja al terreno en este sentido y pide que se concrete la financiación pública que van a tener los servicios que ya prestan o van a prestar con la nueva ley. "¿La ayuda al emprendimiento, que ya prestamos gratis, va a tener financiación?", se pregunta.
El Consejo Andaluz de Cámaras reconoce que "la crisis ha situado a las empresas en una grave tesitura, las ha debilitado económicamente y cada vez son menos los recursos y más las necesidades para sobrevivir a esta difícil situación. De aquí la importancia y el compromiso, ahora más que nunca, de las Cámaras de Comercio con las pequeñas y medianas empresas principalmente, porque son las que más ayuda necesitan para sobrevivir y mantenerse. La Ley recoge que el Ministerio de Economía y Competitividad y la Cámara de Comercio de España, con la colaboración de las demás Cámaras, suscribirán cada dos años un Plan Cameral para la mejora de la competitividad de las empresas. Consideramos muy acertada esta iniciativa, pero, dado el carácter público y la importancia de este plan, creemos que se debería de dotar de una financiación que garantice su ejecución y desarrollo".
La organización territorial de la red cameral introduce también importantes resquemores en algunos de los sectores camerales, ya que el texto establece que "podrá haber cámaras locales, provinciales o autonómicas" y será el desarrollo reglamentario el que lo determine. Así, desde Castilla y León se asegura que "es necesario garantizar la capilaridad para que los servicios encomendados se dé en todos los territorios". Por ello hay que definir qué tipo de entidades debe haber, considerando que las de estructura provincial deberían mantenerse por imperativo.
El Consejo Andaluz se abona a esta tesis y pide que "en cada provincia se mantenga, al menos, una Cámara oficial de Comercio, al margen de que existan otras de ámbito autonómico, de ámbito inferior a la provincia y Consejos regionales". Esto permitiría que se mantenga una red "que llega a cualquier rincón de la comunidad y garantiza que las pymes puedan beneficiarse de todas las prestaciones".
Otros sectores más críticos van más allá y advierten que al no fijarse una demarcación obligatoria, podría ocurrir que si las Comunidades así lo estiman habrá grandes partes del territorio español que no tengan cámaras de comercio.
Este riesgo no es totalmente compartido por el presidente de la Cámara de Teruel, Jesús Blanco, que considera que, de entrada, el nuevo marco de las cámaras no supondrá la desaparición de algunas. "Dependerá de lo que cada una sea capaz de hacer porque somos prestadoras de servicios. Tenemos que mirar hacia adentro, hacer ajustes aunque algunos ya se han hecho, y tener confianza en nosotros mismos porque hemos prestado servicios antes que en otros organismos". Insiste en que "tenemos que ganarnos nuestro espacio y adaptarnos, como han hecho la cámara zaragozana, que ha hecho un ajuste de plantilla del 60%, mientras que la Cámara ha adelgazado su plantilla un 30%.
Mancomunar servicios
Tampoco en la Cámara de Barcelona, preocupa demasiado el asunto. "Es algo que se puede evitar mancomunando los servicios".
Otros dirigentes camerales, como el gallego García Costas considera "prematuro" hablar de "mapa cameral", por lo que prefiere "hablar de modelo" aunque advierte que no se debe olvidar que "un valor fundamental de las Cámaras" es su carácter de red.
La representación directa de las grandes empresas en las Cámaras en función de su aportación económica es también otro de los aspectos más controvertidos.
¿A cuánto va a estar el sillón?
Las preguntas que se plantean desde alguna cámara de Castilla y León son directas: "¿A cuánto va a estar el sillón?, ¿será más barato en Ávila que en León?". Más allá de eso, consideran que esta fórmula plantean dudas sobre si la presencia de las grandes compañías va a suponer que defiendan sus intereses o los generales. "Se puede generar distorsiones en la naturaleza de unas corporaciones de derecho público que el mismo anteproyecto dice que su naturaleza y funciones se regirán por principios democráticos", añaden.
En otros casos, no se ve el riesgo de que las cámaras se pongan al servicio de las grandes compañías. El turolense Jesús Blasco destaca que "nuestra vocación es servir a las pequeñas y medianas empresas y esto es lo que tenemos que defender, pero que también haya grandes empresas porque todas nos necesitamos y existe retroalimentación".
La Cámara de Madrid, aunque reconoce que aumentará el peso de las grandes empresas, consideran "razonable" que la aportación económica vaya unida a su presencia en los "órganos de gobierno".
El Consejo Andaluz tampoco cree que vaya a repercutir demasiado en la representación cameral. "El censo electoral de las cámaras sigue siendo universal en el sentido de que está compuesto por la totalidad de las personas físicas o jurídicas, nacionales o extrajeras que ejerzan actividad comercial, industrial o naviera". No obstante, consideran "necesarios algunos cambios" como es el hecho de que exista una mayor representación de las Cámaras de Comercio en el pleno de la Cámara de España.
La participación en el Consejo General, reducido a un representante de la Comunidad autónoma cuando ahora forman parte del mismo los presidentes provinciales, permite que desde Castilla y León se resalte la paradoja de que "se pueda dar el caso de que Ceuta o Melilla tengan presencia pero no Valladolid o Burgos".
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En el País Vasco ven este último asunto bajo un prisma más económico que de representación. El anteproyecto estipula que la presencia de las grandes empresas en la Cámara de España está vinculada a su aportación económica a la misma y las cámaras de este territorio consideran que dicha aportación debería tener alguna incidencia en la Cámara de referencia de la gran empresa implicada.
Evitar la politización
La composición de los plenos, en los que se reduce al 51 por ciento los vocales que aportan las propias cámaras, y se introduce la entrada de "personalidades del mundo económico" genera también alguna incertidumbre.
El aragonés Jesús Blasco incide en la necesidad de que haya "unas normas claras para todas las autonomías" para evitar que las cámaras se puedan politizar por lo que aboga porque "haya unas pautas generales para todos y una unidad en ellas para que no se hagan diferentes cosas en cada autonomía. Hay que fijar el campo de actuación y habrá menos riesgo de politización". La Cámara de Madrid "respeta" el ámbito competencial de las autonomías aunque reclama "coordinación".
Información elaborada por Rafael Daniel, Carmen Larrakoetxea, Javier Alfonso, Eva Sereno, Jordi Sacristán, Ruth Lodeiro, Carlos Pizá, Beatriz Triper y Esther Porta.
La CEOE controlará las Cámaras de Comercio