La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha presentado este jueves al Consejo de Ministros un informe sobre el anteproyecto de la ley de mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, que tiene entre sus objetivos ayudar en la lucha contra el absentismo laboral injustificado y facilitar el cobro de la prestación por cese de actividad a los autónomos que hayan cotizado para obtener la misma. El Gobierno crea el Consejo Estatal de la Pyme.
En este sentido, Báñez ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que en España se pierden al año por absentismo injustificado una media de 11,4 días por trabajador, frente a los 8,4 días que se pierden en Finlandia, los siete que se pierden en Dinamarca, los 6,8 días de Canadá o los 4,9 días de Estados Unidos.
Aún así, la ministra ha destacado que, gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir el absentismo y al esfuerzo realizado por empresas y trabajadores, la tasa de absentismo se situó en 2012 en el 4,3%, frente al 4,9% de los años 2010 y 2011.
Facilitará el cobro del paro de los autónomos
Otro de los objetivos de la ley de mutuas será el de facilitar el cobro de la prestación por cese de actividad de los autónomos, prestación que gestionan las mutuas, debido a que se deniegan muchas de las solicitudes que efectúan los trabajadores por cuenta propia. "Los autónomos se se quejan con razón. Si cotizan, tienen derecho a que les corresponda con la prestación", ha subrayado Báñez.
La ministra ha resaltado que la nueva regulación modernizará el funcionamiento y gestión de estas entidades, garantizando la transparencia y eficacia y contribuirá a la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.
Báñez ha explicado que esta norma se aprobará como anteproyecto de ley el próximo día 20 de diciembre en Consejo de Ministros para iniciar su tramitación parlamentaria. La próxima semana se iniciarán las consultas con los agentes sociales y la idea del Gobierno es que esté aprobada definitivamente antes de julio de 2014.
Los recursos públicos, a fines públicos
Báñez ha explicado que esta reforma persigue además garantizar que los recursos públicos se destinan a fines públicos, ya que las mutuas son entidades privadas que administran fondos públicos, cuya único objeto es la colaboración en la gestión con la Seguridad Social.
De hecho, las mutuas gestionan las contingencias profesionales de casi 13 millones de trabajadores, las contingencias comunes de más de 11 millones y el cese de actividad de casi 600.000 autónomos. En 2012 ingresaron más de 5.300 millones de euros en concepto de cuotas por contingencias profesionales, más de 3.000 millones por contingencias comunes y más de 131 millones por el cese de actividad de los autónomos.
La ley de mutuas tiene también por objetivo, según la ministra, incrementar la eficiencia en la gestión de estas entidades, que emplean a 24.000 personas; mejorar la prevención de riesgos laborales, y lograr la prestación de servicios de calidad para mejorar la salud de los trabajadores.
En este sentido, la norma facilitará la colaboración entre comunidades autónomas y mutuas para que las primeras puedan utilizar la capacidad de las segundas en beneficio de los usuarios del Sistema Nacional de Salud.
La ley de mutuas es parte del Plan Nacional de Reformas, deriva de la reforma de la Seguridad Social de 2011. Además, la ministra ha hecho hincapié en que la mejora de la normativa de las mutuas favorecerá la competitividad, porque ahorrará dinero a las empresas.
¿Por qué se deniega el paro a los autónomos?
