Los ayuntamientos afrontan las elecciones con más de 28.700 millones de deuda, un ajuste fiscal que limita el acceso al crédito a los más endeudados y la promesa de una ley de Gobierno Local, pendiente por debatir y pospuesta, una legislatura más, para después del 22 de mayo.
Aunque esta ley que, por fin, delimitaría las competencias municipales tenía prevista su aprobación el pasado mes de marzo, según había anunciado el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, en Consejo de Ministros, fue pospuesta por el Gobierno, una vez más, hasta el fin de los comicios alegando un debate más sosegado y sin la presión de las municipales.
También los ayuntamientos vieron como salía de su agenda el debate de la financiación local y, una vez más, desde el Gobierno se apelaba a afrontar este tema cuando la economía evolucionara satisfactoriamente.
La cara y la cruz de la moneda
No obstante y a pesar de las críticas cifras de deuda, esta legislatura los municipios también han tenido momentos de bonanza como, por ejemplo, los 13.000 millones de euros del Fondo Estatal de Inversión Local que, entre 2009 y 2010, permitieron la creación de 720.000 empleos y la puesta en marcha de más de 61.000 proyectos que renovaron equipamientos e infraestructuras en las corporaciones.
El peor momento se vivió en mayo de 2010 cuando el Gobierno aprobó un decreto que prohibía a las corporaciones pedir créditos y endeudarse durante 2011 aunque luego lo flexibilizó para permitir un pequeño margen de endeudamiento que posibilitaría a las corporaciones recuperar algunas de las inversiones previstas.
En situación crítica
Sin embargo, una deuda disparada en los últimos años y la asunción de competencias impropias (que constituyen hasta el 11 por ciento de su gasto), ha colocado a los ayuntamientos -con una deuda acumulada superior al 75 por ciento de sus ingresos, en muchos casos- en una situación insufrible y en una incapacidad real de pagar a sus proveedores.
De hecho Madrid y Barcelona son algunos de los ayuntamientos donde el pago a los proveedores se ha convertido en uno de los aspectos más preocupantes de sus finanzas y, en algunos casos, las patronales han amenazado con no pagar las nóminas de sus plantillas si los ayuntamientos no abonan lo que deben.
En este contexto, algunos piensan que la situación de los ayuntamientos es insostenible, en buena parte, por el incumplimiento de los poderes legislativos, que no garantizan que las entidades locales tengan suficiencia financiera, aunque realmente su problema proviene de la burbuja inmobiliaria, a lo que se ha sumado la asunción de cada vez más competencias.
Además, los numerosos casos de corrupción en las entidades municipales tampoco han beneficiado a su situación financiera.
Los consistorios en cifras
Ante este escenario, se han tomado medidas, como lo prueba el acuerdo por unanimidad de la Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de rebajar el sueldo de los alcaldes y cargos electos en función de la retribución que reciben, hasta un máximo del 15 por ciento.
De los 35.400 millones de deuda local, según cifras del Banco de España al cierre de 2010, 28.769 corresponden a los ayuntamientos, de los que 14.412 suponen el endeudamiento de las capitales de provincia y el resto (10.490) a la deuda de las corporaciones de más de 500.000 habitantes (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Zaragoza).
Ahora queda por saber que sucederá después del 22 de mayo, ya que tras los comicios muchas voces se aventuran a decir que los consistorios, sean del signo que sean, aprovecharan para llevar a cabo medidas impopulares, entre las que se encuentra la de la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
