Barcelona, 29 jul (EFE).- El proyecto de ley de Educación de Cataluña (LEC), que ha sido aprobado hoy por el Consell Executiu en su reunión semanal con la oposición de ICV-EUiA, así como de los sindicatos de docentes y padres y madres de alumnos, contempla un incremento del gasto educativo del 20%.
A pesar de la preocupación y del disgusto que ICV-EUiA y sindicatos como USTEC, CCOO y UGT han expresado a aspectos concretos del proyecto de ley, el elemento económico se ha valorado como positivo por lo que supone de compromiso a largo plazo.
El nuevo texto aprobado hoy prevé en su memoria económica que cuando la Ley de Educación de Cataluña esté desplegada del todo, en un plazo máximo de ocho años, los presupuestos destinados a educación se incrementen en 1.500 millones de euros con respecto al presupuesto actual.
En los cuatro primeros años de aplicación se ha previsto una inversión adicional de más de mil millones de euros, una cifra que supondrá aumentar un 20% el gasto actual en educación en Cataluña, para alcanzar un modelo educativo propio catalán con el objetivo del éxito escolar.
Aparte de este aspecto, calificado de fundamental por los representantes sindicales y de asociaciones de padres y madres de la escuela pública y también de la concertada para el buen funcionamiento del sistema educativo, el proyecto de ley incorpora varias novedades que han sido acogidas con desigual valoración.
La futura LEC apuesta por un 'Servicio de Educación de Cataluña' en el que los centros públicos y los concertados participen de los criterios de equidad, excelencia y corresponsabilidad, garantizando la suficiencia económica para su funcionamiento, una definición que ha causado discrepancias hasta el último momento.
Primero fue 'servicio público de educación', un concepto que no gustó a los representantes de las escuelas concertadas que abogaron por un 'servicio de interés público', una composición que causó "preocupación" a los sindicatos y asociaciones de madres y padres y también a ICV-EUiA, que consiguió finalmente acordar con el departamento de Educación el término 'servicio de educación de Cataluña'.
El proyecto de ley también incluye un título entero sobre la lengua y su utilización en el ámbito educativo, que consagra la Ley de Política Lingüística y que define al catalán como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, además de dar la posibilidad al gobierno catalán de fijar el currículum de las horas lingüísticas.
Este apartado, negociado con ERC, supone en la práctica que la aplicación de la tercera hora en castellano, que propugna la Ley Orgánica de Educación del Estado, quede sin aplicación, aunque es más que previsible que este aspecto se cambie en el trámite parlamentario de la norma catalana.
CiU considera, por su parte, que este apartado es demasiado 'detallista' y que puede provocar reacciones en contra por la poca flexibilidad, por lo que ya anunció la pasada semana que pedirá cambios en el trámite parlamentario.
La ley dota de autonomía a los centros escolares para impulsar proyectos educativos propios y adaptados a su entorno, lo que significa que las escuelas podrán adaptar los currículos a las necesidades de los alumnos y apostar por nuevos métodos pedagógicos.
El sindicato de docentes USTEC-STEs, en un comunicado, opina que el proyecto de ley da por supuesto que, para mejorar el sistema educativo, sólo hay que cambiar la gestión de los centros públicos y "hacerla lo más similar posible a la de los centros privados, fomentando la competitividad entre el profesorado y entre los centros", y valora negativamente esta reforma.
El apartado que supondrá una mayor inversión, unos 435 millones de euros, será el capítulo de participación y corresponsabilización de los ayuntamientos, que con la reforma educativa tendrán las competencias de educación de 0 a 3 años, la educación de adultos y las enseñanzas artísticas y de música.