La exigencia que la UE hará llegar a Cataluña, orientada a extender a todo el comercio el impuesto que la Generalitat sólo aplica ahora a grandes superficies, amenaza con convulsionar este sector. No en vano serán 2.700 supermercados y 90.000 pequeñas tiendas las que pasarán a estar gravadas por un tributo que hasta ahora se limitaba a los locales de más de 2.500 metros cuadrados.
Se tratará de un claro perjuicio del que no cabe, sin embargo, culpar a la UE. La Unión se limita a combatir la discriminación que implica un impuesto que penaliza a las grandes superficies por el mero hecho de serlo. El verdadero problema lo planteará, por tanto, la propia Generalitat si se empecina en mantener vigente una tasa intrínsecamente injusta.
