Ha sido habitual, entre lo que Pablo Iglesias llama la casta, el uso de fundaciones ligadas a partidos como vía oficiosa de financiación. Antes incluso del nacimiento de Podemos, el Centro de Estudios Políticos y Sociales (Ceps) ya operaba de esa manera. Dos ayuntamientos (incluido el de Rivas), una diputación y también el Gobierno central le subvencionaron. El respaldo resulta llamativo en el caso del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero que financió un programa de asesoramiento jurídico del régimen cubano. No se entiende qué credenciales tenía ese proyecto para merecer fondos de la cooperación al desarrollo. También debe explicarse cómo a Exteriores no le extrañó que una fundación sin actividad mercantil asesorara a Gobiernos extranjeros.
