España es uno de los socios del euro que con más firmeza aboga por no hacer concesiones a Grecia en cuanto a sus reformas pendientes y a la renegociación de deuda. Es una posición legítima para evitar un posible trato de favor al que nuestro país nunca pudo acceder. Ahora bien, el Ejecutivo debe reconocer que el país que gobierna es una suma de Grecias. Autonomías como Cataluña, Andalucía, Valencia, Castilla-la Mancha o Murcia incumplen sistemáticamente los objetivos de deuda y déficit y, sin embargo, se ven premiadas por el FLA o los planes de proveedores que pagamos todos, como Europa paga el rescate griego. El Gobierno, a través de Hacienda, tiene los medios para atajar el abuso, pero nunca ha mostrado voluntad de hacerlo.
