Las irregularidades que rodean la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos ha tenido consecuencias. Junto a la renuncia de Francisco Gil-Ortega, presidente de la empresa estatal que gestiona esos materiales (Enresa), ha llegado la parálisis del proceso de adjudicación de las obras del ATC, ubicadas en Villar de Cañas (Cuenca). La detención está justificada, dado que la manera en que Gil-Ortega condujo dicho proceso resulta sospechosa, en primer lugar, en cuanto a las formas. El también exalcalde de Ciudad Real se afanó en acelerar el concurso, sin ni siquiera esperar a que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) hiciera público su parecer.
Además, Gil-Ortega cesó a todos sus colaboradores en Enresa contrarios a tanta precipitación. Sin embargo, lo realmente escandaloso es el hecho de que el concurso estaba diseñado a la medida de ACS. En dos de los tres consorcios finalistas del concurso tiene presencia la constructora de Florentino Pérez. Precisamente, el grupo en el que se integra Dragados era el favorito para hacerse con el ATC por un precio de 180 millones, una cantidad difícil de batir, en la medida en que el presupuesto original de la obra era de 263,5 millones.
El terreno, por tanto, estaba allanado para que el ATC tuviera el desenlace acostumbrado de los grandes proyectos de obra pública en la España de los últimos años: surgimiento de cuantiosos sobrecostes una vez que las obras estuvieran comenzadas. De hecho, se da por seguro que el informe del CSN contendrá mayores exigencias de seguridad (y más costes). El Gobierno no debe permitir que se repitan errores tan onerosos como los que supuso la construcción del almacén de gas Castor.
