La Sepi se encargó de frustrar las aspiraciones del fondo británico Hanson de hacerse con el control de Indra. La sociedad estatal defendió la participación del 20% del accionariado que tiene en la tecnológica española sobre el que Hanson había puesto recientemente su punto de mira. No fue fácil en la medida en que el fondo situó al frente de la negociación al presidente de la Fundación Everis, y exministro de Defensa, Eduardo Serra, acompañado por el expresidente de Alianza Popular (el embrión del actual PP), Antonio Hernández-Mancha. Se trata de dos pesos pesados, con una más que reconocida influencia en altas esferas, desde la Corona al Gobierno.
De hecho, Serra y Hernández-Mancha mantuvieron encuentros tanto con el presidente Mariano Rajoy como con el ministro Cristóbal Montoro, para hacer posible el desembarco de Hanson. Sin duda, la llegada de los británicos habría comprometido la españolidad de uno de los pocos baluartes de nuestro país en el sector tecnológico, responsable además de desarrollar proyectos para Defensa.
Con ese afán defensivo, se evitó la entrada de la francesa Thales en Indra hace un año. Sin embargo, el valor real de la resistencia de la Sepi ante Hanson no radica en preservar el carácter nacional de una empresa, un propósito que cada vez tiene menos sentido en una economía global. La clave estriba en que Hanson pretendía entrar en una empresa con buenos fundamentales (gracias a la gestión de su presidente de honor, Javier Monzón) que, no obstante, sufría una fuerte corrección en bolsa. En otras palabras, Sepi habría desinvertido con minusvalías, incurriendo en unas pérdidas que los contribuyentes habrían acabado pagando.
