Todos los directivos de la antigua Caja Madrid irán al juzgado para declarar por su uso de las tarjetas corporativas de la caja quebrada. Es la decisión del juez Andreu ante las pruebas que apuntan a que esos medios de pago suponían una "remuneración irregular". No obstante, fuentes próximas a la defensa de los acusados, aseguran que los indicios ya eran conocidos para Hacienda antes de la investigación judicial, hasta el punto de que el fisco abrió expediente. Si es así, resulta incomprensible que no se investigara a los titulares de las tarjetas. De nuevo, como en el caso de la Infanta Cristina, pueden surgir suspicacias acerca de que el peso político y económico de los acusados los protegió. Hacienda debe disipar toda sospecha de haber aplicado un doble rasero.
