El informe pericial que el juez Andreu encargó a dos inspectores del Banco de España abre la vía para que, tanto inversores particulares como institucionales, reclamen el dinero perdido en la salida a bolsa de Bankia. Tales demandas son plenamente legítimas, en la medida en que el documento asegura que hubo falseamiento de cuentas. De momento, los grandes compradores evitan actuar para recuperar los 1.247 millones invertidos en 2011. Alegan que, como inversores cualificados, debían conocer los riesgos. Ahora bien, muchos de ellos son empresas cotizadas, y sus accionistas pueden reclamar el inicio del proceso al considerarse perjudicados. En consecuencia, Bankia (y, por tanto, el Estado) no puede dar por cerrado este frente.
