España cuenta con motivos de peso para alinearse con Alemania y exigir a Grecia el cumplimiento de todos sus compromisos, como país aún beneficiario de un rescate financiero impulsado por la zona del euro y como miembro de una Unión Monetaria que exige compromiso y fiabilidad. No se puede alegar ningún ensañamiento con la economía más pequeña de la eurozona, debido, en primer lugar, a que la situación griega no es tan insostenible como a menudo, y de forma interesada, se describe.
Su nivel de deuda sobre PIB es indudablemente alto (cerca del 180%), pero también debe considerarse que el vencimiento de ese pasivo es a muy largo plazo y que los intereses que devenga suponen una carga del 4% del PIB, un nivel semejante al que soportan Irlanda, Portugal e incluso España. Además, un superávit público primario de las cuentas públicas de cuatro puntos, sumado a unas expectativas de crecimiento del 3% no constituyen la radiografía de un país asfixiado, para el que sea ineludible llevar a cabo una renegociación de deuda, que acabe desembocando en una quita.
Esa opción jamás estuvo al alcance de España o Italia en el apogeo de la crisis. Incluso ahora, la mera posibilidad de que se produjera, si Grecia sentara precedente, hundiría a los mercados y volvería a comprometer a la divisa europea. La única vía que Madrid y Roma han tenido abierta ha sido la de llevar a cabo dolorosos ajustes y reformas. Nada más coherente, por tanto, que España considere inaceptable el órdago con el que Syriza pretende atraer al electorado, dando unilateralmente por terminado el tiempo de la austeridad. Los griegos deben ser conscientes que elegir ese camino implica abandonar el euro.
