Los Gobiernos autonómicos se preparan a conciencia para un año, 2015, en el que muchas de ellas (con la incorporación a última hora de Cataluña y quizá también de Andalucía) celebrarán elecciones. En las estrategias electorales desempeñarán un importante papel las televisiones regionales, las cuales, tras sobrevivir a los ajustes de los peores años de la crisis, ahora que avanza la recuperación, van a ver incrementadas las subvenciones que recibirán con respecto a 2014.
Se trata de un avance del 1,5% (excluida del cómputo la valenciana Canal 9, en proceso de cierre) que implica un desembolso de 836 millones. La cifra es notable en un contexto en el que los ciudadanos todavía siguen sufriendo importantes recortes en Sanidad y Educación. De hecho, esos casi 900 millones suponen cerca de la mitad del presupuesto que recibirá, en este ejercicio, el departamento dirigido por el ministro Alfonso Alonso. Pero, sobre todo, contrasta con la evolución de los ingresos por publicidad, en permanente caída, hasta el punto de acumular un descenso de casi un 50% en los últimos cuatro años.
El propósito de los Gobiernos regionales de mantener en pie unas cadenas, en muchos aspectos, ajenas a la competencia con respecto a sus homólogas privadas ya sería de por sí reprochable, máxime cuando los fondos proceden de mecanismos sufragados por todos los ciudadanos como el FLA. Más grave resulta, no obstante, el uso de esos medios, para hacer propaganda política. Basta recordar el rol fundamental que ejerció TV3, a la hora de promocionar la encuesta del pasado 9 de noviembre. Urge abrir un verdadero debate sobre cuál debe ser la función de estas televisiones.
