El BCE está cerca de superar el proceso judicial iniciado en 2012, cuando creó su estrategia de Operaciones Monetarias de Compraventa (OMT), que lo disponía a hacer "todo lo necesario" para asegurar que ningún país del euro quebrara. Según el abogado general del Tribunal de Justicia europeo, el BCE no violó sus estatutos, en contra de lo que sospechaba el Constitucional de Alemania. La decisión no sólo refrenda la acción pretérita de Draghi, sino que lo respalda para la puesta en marcha de la esperada compra masiva de deuda pública (QE). Ningún Gobierno debe ahora cuestionar la legalidad de un estímulo clave para reanimar a Europa, siempre que, como es previsible, la adquisición de activos beneficie equitativamente a todos los países del euro.
