Tras menos de un mes en el cargo, el ministro de Transportes saudí, Abdullah al-Muqbel, se afana en hacer todo un alarde de autoridad, hasta el punto de lanzar un ultimátum al grupo de empresas españolas encargadas de construir el AVE La Meca-Medina. En concreto, al-Muqbel da un plazo de dos meses al consorcio para que presente un plan de emergencia que subsane los retrasos que, a juicio del ministro, entorpecen la culminación de una línea de más de 450 kilómetros.
La dureza de los términos sorprende, sobre todo, teniendo en cuenta que quien los profiere no es ningún neófito en el ámbito de las infraestructuras. No en vano al-Muqbel era el titular de Transportes en 2011, el año en el que el consorcio español se hizo con la concesión de la obra en detrimento de Alstom-SNCF, su rival francés. Precisamente entonces mostró una parcialidad hacia la oferta gala que, tres años después, parece que vuelve a aflorar en el ministro.
Con todo, ni siquiera esa afinidad alcanza a explicar el recurso a un ultimátum cuando el socio español está cumpliendo con los plazos. Después de los problemas que planteó la primera fase de la obra, en manos del consorcio chino CRCC, el plazo para culminar la segunda parte pasó de 34 a 52 meses, lo que supone que todavía quedan dos años para terminar la obra. La petición de un "plan de emergencia" por parte de al-Muqbel aún sorprende más si se tiene en cuenta que su antecesor, Jubara al-Suraisry, visitó España y elogió la labor de miembros del consorcio como Talgo.
Son todo argumentos que deben impulsar al Gobierno a negociar una solución satisfactoria a un conflicto inesperado, pero encauzable, que compromete un proyecto clave para la industria española.
