La última reunión del año entre Hacienda y los consejeros autonómicos, donde debe validarse la propuesta de eximir el pago de intereses a todos los beneficiarios del Fondo de Liquidez y de los planes de pago a proveedores, barrunta que será movida. Por todas las partes. Por parte de las CCAA cumplidoras, que critican con razón la permisividad del Gobierno con las que no hacen los deberes.
Pero también movida por parte de las que están en la lista negra, como Cataluña o Andalucía, que temen la pérdida de poder que supondría aceptar esta ayuda. Montoro se equivoca. Su regalo a las incumplidoras no hace sino extender la imagen equivocada de que papá Estado siempre está ahí, en vez de asegurase de que las autonomías usan la nueva liquidez para reducir déficit.
