En la última sesión de control al Gobierno del año, celebrada ayer, el ministro Luis de Guindos, volvió a subrayar las responsabilidades que tuvieron los organismos supervisores en la desastrosa salida a bolsa de Bankia en 2011. Es la tercera vez en 10 días que De Guindos, basándose en el informe pericial que ya está en manos del juez Andreu, extiende el dedo acusador para poner de manifiesto que aquella OPV obedeció a criterios políticos ante los que la CNMV y el Banco de España se plegaron.
Las alusiones de De Guindos son genéricas y no permiten calibrar en su justa medida hasta qué punto está todavía pendiente de investigarse la presunta implicación de los guardianes financieros en una operación que desembocó en el mayor rescate bancario de la historia de España.
Sorprende que, a punto de terminarse la legislatura de un Ejecutivo de signo opuesto al que gobernaba en 2011 sólo dos de los supervisores que dieron el visto bueno a la OPV han sido relevados: el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el expresidente de la CNMV, Julio Segura. Bankia no habría salido al parqué sin el plácet de Fernando Restoy, número dos de Segura y actualmente subgobernador del banco central. En la comisión ejecutiva de este último aún tienen derecho a voto, como en 2011, Vicente de Salas y Luis López Roa.
En cuanto al subgobernador de Ordóñez, Javier Aríztegui, su dudosa actuación no le ha impedido acceder a uno de los altos cargos del recién nacido organismo de supervisión bancaria europea. Las palabras de Guindos son indicativas, pero lo cierto es que apenas se ha avanzado hacia una investigación a fondo de responsabilidades, más allá de los gestores, en el caso Bankia.
