Tras varios días de tiras y aflojas, la salida a bolsa del 49 por ciento de Aena no tendrá lugar el próximo 12 de noviembre, y todo apunta a que la operación, si bien no queda truncada, se pospondrá hasta enero. Finalmente, de acuerdo con el Gobierno, lo que a finales de la semana pasada era un fallo de procedimiento fácilmente subsanable, se ha convertido en un requisito legal ineludible. Por tanto, habrá que convocar un concurso público para determinar qué auditora será la encargada de elaborar la carta de conformidad para los bancos que se encargarán de la colocación de la OPV.
Ese papel lo podía haber desempeñado la misma agencia, PwC, que se había encargado de auditar las cuentas del operador, una práctica en absoluto extraña. Sin embargo, el Gobierno quiere cubrirse las espaldas y asegurarse de que no se puede plantear ningún problema desde el punto de vista legal. Por ello, el propósito es convocar un concurso acelerado para disponer de un nuevo auditor en el plazo más breve posible.
Más allá de este problema, lo cierto es que también había movimientos entre los posibles inversores, sobre todo internacionales, según pudo comprobar elEconomista. Ven un impedimento en el elevado rango de precios para salir a bolsa, entre 41,5 y 53,5 euros por acción, notablemente alto en relación con otras operaciones semejantes llevadas a cabo en Europa, y poco adecuado dada la volatilidad bursátil actual. El Gobierno no se pronuncia sobre esta cuestión, pero, de nuevo en enero, convendría estudiar hasta qué punto casan los cálculos del Ejecutivo con las perspectivas de los inversores. La salida a bolsa de Aena será beneficiosa y no puede fracasar, pues supondrá un impulso para la Marca España.
