No es frecuente, en ninguna democracia, que sus ciudadanos presencien cómo su jefe de Gobierno se dirige a ellos con la intención de implorarles perdón, tal y como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo esta semana. No cabe, por tanto, restar al gesto de Rajoy lo que tiene de nobleza. Con todo, lo justo es calibrarlo en su justa medida, poniendo en un lado de la balanza estas últimas palabras, junto con las muchas otras que el presidente ha pronunciado condenando el problema de la corrupción, mientras, en el otro platillo, se sitúan las acciones concretas en las que todos esos discursos se han traducido.
El desequilibrio es flagrante. La legislatura que está a punto de terminar será estudiada en el futuro como una de las que más casos de irregularidades políticas y financieras ha conocido, sin duda por influencia de la crisis económica y por la alarma social que aquélla por sí sola ha despertado. Gürtel, Bárcenas, Noos, Eres de Andalucía, caso Pujol,... son todos nombres que se han hecho familiares a la opinión pública, sobre todo, a partir de 2012. Y, sin embargo, desde entonces, ni una sola de las medidas anunciadas por el Gobierno para atajar el problema está en vigor.
En el mejor de los casos llegaron al Congreso, como la reforma del Código Penal, la ley de control de la actividad económica o la de transparencia. En el peor de los casos, no han pasado del papel, como la creación del Consejo de la Transparencia. Más de 1.700 causas abiertas por corrupción, cerca de 600 imputados y 40.000 millones de coste para la economía española exigen respuestas de otro tipo. Rajoy tiene que terminar la lucha que asegura haber iniciado; de lo contrario no hará más que cebar al populismo.
