La cuestión catalana entra en una nueva etapa. Durante meses, el planteamiento del problema ha estado completamente monopolizado por el debate sobre si se celebraría o no la consulta soberanista del 9 de noviembre. Esa cuestión ya no es relevante: la puesta en marcha de una mera macroencuesta, sin un censo que le sirva de base, que además también es susceptible de ser impugnada, no tiene entidad suficiente para acaparar protagonismo.
El Gobierno de Mariano Rajoy puede dar por ganada esta batalla. Es cierto que era el único resultado esperable en una democracia madura: toda propuesta de una institución que contravenga el orden legal sobre la que ella misma se sustenta, simplemente, no puede prosperar.
Ahora bien, la claridad de esa evidencia no debe cegar al jefe del Ejecutivo a la hora de reconocer que la renuncia del president Artur Mas a una verdadera consulta no cambia nada en Cataluña, en lo que respecta al auge del independentismo. El Gobierno debe mirar a los ojos a ese fenómeno y hacerlo con altura de miras. El primer requisito parece que se cumple: "Rajoy tiene la mano tendida", aseguró ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos. Ahora falta concretar hasta dónde la extiende. El ejemplo de Escocia demuestra lo acertado de adentrarse en terreno económico para buscar puntos de encuentro. En España, además, se abre la oportunidad de superar las barreras que imponen los ya reiterativos debates que sólo se ciñen a la financiación autonómica. Una vez que el órdago de Mas se ha descubierto, y es ya inofensivo, llega el momento de repensar la estructura del Estado, en su sentido más amplio, que se encuentra en vigor en España.
