A sólo tres meses para que la factura electrónica entre en vigor, lo cierto es que más de la mitad de los proveedores aún no están preparados. La ley contempla que a partir del 15 de enero, será necesaria la e-Factura para cobros a las Administraciones Públicas superiores a los 5.000 euros. No obstante, ni unos ni otros han adaptado la tecnología necesaria para poner en marcha un mecanismo que permitirá reducir en 39 millones de euros los costes administrativos. La e-Factura prevé acabar también con las facturas en el cajón que asfixia a muchos autónomos y permitirá controlar a la Agencia Tributaria la deuda pendiente. No se entiende por qué, después de un año, no se activa una herramienta que es una garantía para todos. Las cuentas claras.
