El escándalo de los tarjetas de crédito opacas de Caja Madrid es el ultimo capítulo de toda una retahíla de irregularidades que encontraron cobertura en el sistema de cajas de ahorros español. No en vano, el Frob tiene puesta su lupa ya sobre casi 40 prácticas sospechas de la más variada índole, que van desde directivos que se autoimpusieron cuantiosos sueldos sin contar para nada con el consejo de administración correspondiente, hasta permitir indemnizaciones y jubilaciones de lujo para altos cargos, pasando por retribuciones que evadían a Hacienda como las destapadas en Caja Madrid.
Se da, además, el agravante de que si esa cuarentena de expedientes, 18 de los cuales ya están o estarán en breve en los tribunales, se halla en manos del Frob se debe a que corresponden a entidades que necesitaron que el Estado saliese en su ayuda. Las investigaciones, lejos de terminar, se prolongarán gracias a otros 20 casos que el fondo de rescate bancario remitirá en breve a la Fiscalía, según anunció ayer el ministro Luis de Guindos. El anuncio del titular de Economía es bienvenido en la medida en que demuestra el compromiso del Gobierno de investigar y exigir responsabilidades por unos actos que acabaron por socavar todo el sistema de cajas. Ahora bien, cabe reclamar aún más celeridad y profundidad, en la pesquisas del Ejecutivo y en la actuación de la justicia, no sólo debido a la alarma social que este tipo de escándalos provocan, sino también para esquivar la posible prescripción de delitos. Urge llegar hasta el final en la investigación de unos comportamientos inaceptables en cualquier empresa, pero especialmente graves en unas entidades mantenidas a flote con dinero público.
