Durante toda una década, de 2003 a 2012, el uso por parte de los consejeros de Caja Madrid de tarjetas de crédito opacas al fisco pasó inadvertida para el organismo encargado de detectar en primer lugar ese tipo de prácticas: la auditora Deloitte. Una ceguera así es difícilmente explicable teniendo en cuenta lo muy elemental del sistema elegido por la entidad financiera para llevar su contabilidad fantasma, el cual estaba aún en vigor en los primeros años de existencia de Bankia.
De hecho, según reveló la propia Caja Madrid al Frob, existía un registro diferenciado de este tipo de desembolsos, cuyo origen no se justificaba, y cuyas anotaciones se llevaban a cabo, una por una, a mano. Ninguna de estas circunstancias, sumadas a la ya por sí sola sospechosa de que no hacían retenciones fiscales sobre estas partidas, fue suficiente para despertar recelos entre los responsables de una auditora que aún desempeña altas responsabilidades, aunque hace un año dejó ya las cuentas de la actual Bankia.
Y ello pese al muy poco meritorio papel que ha desempeñado en la peor crisis financiera de la historia española reciente. De hecho, Deloitte fue la supervisora de todas las cajas de ahorros que han acabado nacionalizadas o bien han requerido cuantiosas ayudas para mantenerse a flote solas. Ha habido que pagar con dinero público un alto precio como consecuencia de no poner de manifiesto a tiempo la verdadera envergadura del problema en el que se encontraban inmersas este tipo de entidades. Cabe preguntarse si un sistema bancario de primer nivel como el español, en el que despuntan algunas de las mayores entidades de la zona del euro, puede permitirse que una auditora así conserve su licencia.
