El presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, ha dado la única respuesta posible a la ley de consultas catalana, el ya anunciado recurso de inconstitucionalidad. El guión del órdago mantenido por el Gobierno de Mas y, sobre todo, sus socios de ERC, en los últimos meses sigue según lo predecible.
Luego le ha seguido la reunión de urgencia del Constitucional y la suspensión por unanimidad de la ley de consultas y de la convocatoria del referéndum del 9 de noviembre. Pero más allá de las reacciones que seguirán desde unas y otras formaciones políticas, de los argumentos jurídicos o de la apelación a los sentimientos, lo que toca ahora pensar es cómo recomponer una normalidad política y social en Cataluña y en sus relaciones con el resto de España.
Rajoy ha hecho mención ayer a "la frustración a la que se está condenando a una parte de los ciudadanos de Cataluña al animarles a participar en una iniciativa que no puede, por su legalidad, ver la luz" y esta frustración se espolea desde ERC. El mayor obstáculo para que Mas se incline por una opción negociada y legal es su socio catalán, que coge fuerza cada vez que cala en la población su discurso rupturista, sin pensar en sus consecuencias. Rajoy ha dejado entrever, en su comparencia tras el Consejo de Ministros, que pasada la fecha de noviembre estará abierto a negociar con Artur Mas la lista de reivindicaciones, empezando por una mayor autonomía fiscal.
Una vía de negociación posible, que el presidente tacha de "legítima", que le deja a Mas una salida del enorme laberinto donde se ha ido metiendo. Lo deseable es que este esfuerzo, que puede incluir una reforma constitucional, llegue a ser fructífero, pese a los deseos en contra de ERC.
