Artur Mas firmó el sábado con toda solemnidad la Ley de Consultas que utilizará para convocar el referéndum sobre la independencia. El Gobierno de Rajoy inicia hoy los trámites para recurrrir la norma ante el Constitucional. Todo se desarrolla, según el guión previsto, salvo el resultado final que es muy incierto.
El presidente de la Generalitat no duda en seguir adelante, pese a que sabe por sus asesores que la secesión empobrecería Cataluña. Atrapados por la grandilocuencia de sus líderes políticos, los catalanes son quienes pierden en toda esta aventura. Con grave irresponsabilidad, desde las posiciones nacionalistas se sostiene que las advertencias de este tipo provienen de agoreros anticatalanes, aun a sabiendas de las consecuencias que tendría la independencia para la economía real.
Pero Mas está preso de su estrategia para tapar una gestión política deficiente e incapaz de resolver los problemas de los catalanes. ¿Quién pagaría la deuda de Cataluña, que tiene cerrado el acceso a los mercados? ¿Cómo se puede aspirar a la independencia y aceptar continuar en el euro sin ser miembro de la UE?
Hay muchos interrogantes y preocupación entre los pensionistas, los empresarios y los inversores que temen cómo afectará a su estatus actual una hipotética independencia. Cualquier estratega sabe que cuando se intenta cambiar de posición hay que tener claro dónde se va y cómo se llega. Son respuestas que Artur Mas no puede dar a los catalanes, lo cual en sí mismo debería de ser motivo de reflexión.
