El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dimitió ayer, una vez que el Gobierno retirara su polémica y socialmente rechazada ley del aborto. Es la gota que colma el vaso de un mandato controvertido, en el que el ministro consiguió el dudoso récord -no alcanzado por ninguno de sus predecesores, aunque Mariano Fernández Bermejo fuera el que más se le acercó- de haberse enfrentado a todos los colectivos profesionales de la Justicia.
El exalcalde de Madrid y expresidente de dicha autonomía no supo establecer el más mínimo consenso para la sucesión de leyes y proyectos -tasas, Justicia Universal, Consejo General del Poder Judicial, Registro Civil, entre otros- producidos durante su mandato. Se puede decir que después de la revolución realizada en el ámbito judicial la situación no es mejor de la que se encontró Gallardón cuando accedió al cargo.
El desbarajuste es aún mayor. A los errores legislativos se suman sus enfrentamientos con la vicepresidenta del Gobierno y su intromisión, inadmisible e impropia de su cargo, en la acción de la Justicia a través de la Fiscalía de Madrid. Actuación que queda patente en la carrera de obstáculos que está suponiendo la investigación sobre lo sucedido en Caja Madrid. Incluidas dilaciones inexplicables -que recuerdan el caso de Carlos Fabra, en Castellón-, de las que el principal beneficiario ha sido Miguel Blesa, a quien en Madrid se conocía como el banquero del alcalde.
Hechos que por sí solos habrían justificado hace tiempo la dimisión de este ministro. Su salida del Gobierno abre la puerta a que por fin se pueda abordar con neutralidad el caso Blesa, algo que justificaría en sí mismo el mandato de Rafael Catalá, que sucede a a Gallardón en Justicia.
