El ruido político oculta a veces la realidad económica y la falta de reformas, que les impiden reducir déficit y deuda. Cataluña y Valencia, dos autonomías de distinto signo político, coinciden en ser las que más apelan a la ayuda del Estado y las que siguen gastando más. Entre las dos se reparten el 60 por ciento de los 20.525 millones del Fondo de Liquidez Autonómica.
Un dinero que el Estado pone a disposición de las CCAA para que puedan pagar a sus proveedores. Llama la atención que la apelación a este recurso se compagine con el mayor incremento de licitaciones autonómicas en obra pública en el primer semestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2013. Nada menos que un 195,5%, en el caso de Cataluña, y un 334,1%, en Valencia.
Son conceptos diferentes que ni jurídica ni contablemente se pueden comparar, aunque evidencian que algo no funcionan es esas dos autonomías ni en otras muchas, con una situación parecida aunque en menor proporción. Estas cifras indican, primero que se sigue gastando más de lo que se tiene mientras por otra parte se apela a la ayuda del Estado para cubrir las deudas. En segundo lugar, deja bien claro que las CCAA no han procedido a las reformas que hubieran sido necesarias.
Es el nivel de Administraciones Públicas donde se han operado menos cambios. Buena prueba de ello es que siguen incumpliendo los objetivos de déficit y deuda. A pesar de que el sistema de financiación autonómica hace aguas, no justifica la irresponsabilidad de algunos dirigentes que, apelando al agravio comparativo o al soberanismo, tratan de ocultar los problemas que no son capaces de enderezar y siguen pidiendo ayuda del Estado para gastar más.
