Mariano Rajoy hizo ayer un primer balance de la reforma del sector público. Un proyecto que se puso en marcha hace año y medio para resolver los problemas de falta de ahorro y eficiencia de las Administraciones. Se ha completado prácticamente el 50% de las medidas propuestas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones (Cora).
Sin embargo, en el ecuador del programa que finaliza en diciembre de 2015 sólo se ha ahorrado un 28% (10.147 millones) de los 37.620 millones de euros previstos. Es difícil que se pueda alcanzar este objetivo dada la lentitud con que se obtienen resultados, pero si se consigue será una buena noticia. Sin embargo, el anuncio del presidente del Gobierno a los dirigentes de su partido el pasado junio de que había concluido el tiempo de los ajustes hace albergar dudas al respecto.
Entramos en tiempo electoral y es muy difícil que los políticos se atrevan en los próximos meses a cerrar empresas públicas o ceder com- petencias en favor de otras administraciones para no duplicar organismos que prestan el mismo servicio. El Gobierno lleva a cabo una reforma del sector público a medio gas de la que no puede sentirse ufano.
No se ha producido un cambio de modelo, ni una reducción de las Administraciones. Tan sólo ajustes, como los de personal, que consistieron básicamente en prescindir de eventuales e interinos, pero no reestructuraron plantillas. La legislatura emprende su recta final y Rajoy ha perdido la oportunidad de acometer esta tarea, cuando tenía mejores condiciones para hacerlo y cuando más se necesitaba. Un cambio de modelo habría permitido reducir déficit y deuda más fácilmente y habría favorecido el crecimiento económico.
