Empresas y consumidores van a pagar el desastre de la construcción del pozo de almacenamiento de gas Castor. Este proyecto fue un sinsentido desde el primer momento, propiciado por la connivencia, en unos casos, y la pusilanimidad, en otros, de los sucesivos responsables del Ministerio de Industria frente a la empresa que gestionó el proyecto.
La construcción del almacén se caracterizó por un sucesivo incremento de costes sobre lo inicialmente presupuestado. Una vez concluida la obra se demostró que, además de una presupuestación errónea, también habían fallado otros cálculos, que concluyeron en el cierre definitivo de la instalación después de que se demostrase su impacto sísmico.
Desde elEconomista decíamos al principio del verano que José Manuel Soria debía buscar la fórmula para no arrostrar las consecuencias de una obra mal hecha. Al final, va a asumirlas. Las empresas y consumidores pagarán a través del recibo del gas 1.400 millones por el cierre del Castor.
Astucia
Florentino Pérez, presidente de ACS, ha jugado con astucia sus cartas, hasta el punto de que dos ministros de Industria han acabado resarciéndole de las pérdidas y cargando el coste sobre los hombros de los usuarios. Miguel Sebastián, predecesor de Soria, firmó un acuerdo, publicado en el BOE, que garantizaba la devolución de la inversión en caso de reversión de la concesión.
A esta cláusula se ha acogido el empresario y es por ello que Soria va a facilitarle un medio de recuperarlo. De nada ha servido que los promotores de renovables recordaran al ministro que con ellos no se respetó la legislación aprobada. Al final, el sistema articulado hace que los consumidores paguen los platos rotos de un fiasco empresarial.