Las previsiones, como las promesas en política, están hechas para incumplirlas, y en el caso de la deuda pública autonómica van camino de convertirse en papel mojado. El Consejo de Ministros del 31 de julio aprobó los nuevos objetivos de deuda de las autonomías para 2014 y para el período 2015-2017. Aumenta en 1,5 puntos porcentuales del PIB (es decir, unos 11.000 millones de euros) el pasivo máximo que podrá registrar entre los diecisiete Gobiernos regionales a finales de este año. Y se amplía en un punto de PIB (alrededor de 10.000 millones de euros) la deuda respectiva para 2015 y 2016.
Como es lógico, el hecho de que Hacienda les haya concedido un mayor margen de deuda para estos cuatro años no obliga a las CCAA a endeudarse más. Pero lo cierto es que los seis años de crisis, el estrangulamiento del crédito, la atonía de los ingresos tributarios y el repunte de los gastos, amén de los ajustes para rebajar el déficit, las aboca a agrandar sus números rojos. Sobre todo, si tienen el beneplácito oficial. La realidad es que, hasta marzo, las autonomías acumulan una deuda conjunta de 221.997 millones de euros, representativa del 21,7 por ciento del PIB nacional, lo que significa que en sólo tres meses ya superan, incluso, el nuevo margen extra concedido por Montoro.
La contundencia de las cifras exige un plan riguroso de ajuste en las Administraciones autonómicas que, sin diezmar la necesaria financiación de los servicios públicos esenciales, elimine gastos superfluos. La reforma de las Administraciones Públicas y la reordenación y cierre de empresas públicas autonómicas es imprescindible. La situación no admite media tintas. Hace falta mano dura en Hacienda para evitar que los desfases de unos lastren la recuperación de todos.
