Los escándalos que salpican a la familia Pujol van camino de convertirse en una gran bola de nieve que puede arrastrar todo lo que se encuentre por delante. Incluida a FCC. Según la Policía, la constructora desvió caudales millonarios al hijo de Jordi Pujol a cambio de jugosos contratos públicos licitados por la Generalitat. El informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) recoge el caso de la reforma de la Gran Vía de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), adjudicado a FCC y Copisa, por un montante inicial de 90 millones de euros. Favor por favor que interesa a ambos, en especial a empresas que tienen distintos intereses en Cataluña.
No es la primera vinculación de la constructora con la familia Pujol. Hace sólo unos días publicábamos en este periódico que Realia, inmobiliaria de FCC, había adjudicado una vivienda protegida en una zona privilegiada con vistas al mar a la hija menor del ya exmolt honorable.
Curiosamente, la finca había recibido la calificación de VPO de la Generalitat seis semanas antes de ser adjudicada a Mireia Pujol. El juez debe investigar si hubo tráfico de influencias entre los Pujol y la constructora. De una parte y de otra, la cadena de favores desprende un cierto tufo que necesita explicación. De no hacerlo, la constructora puede verse metida en un aprieto, que pone en cuestión su profesionalidad y que puede afectar a las inversiones en la región. La sociedad catalana no se lo merece. Los empresarios alemanes se preguntan cómo pueden trabajar con un Ejecutivo al que le falta transparencia y miran con lupa cada paso que dan. Es necesario que los jueces pongan luz en el caso para evitar que Cataluña pague por los desmanes de la familia Pujol.
