Las eléctricas han desatado una batalla legal para combatir el impacto de la reforma en sus cuentas, que ha sido considerable. Prueba de ello son los resultados que han ido presentando las compañías estos días pasados, con importantes efectos de reducción de beneficios. La situación para el Gobierno es compleja. Con un déficit de tarifa eléctrico de 30.000 millones de euros no parece fácil tomar soluciones que agraden a todos.
Pese a que los cambios legales realizados van por el buen camino, el problema sigue sin atajarse. De hecho, hasta marzo el agujero creció en 2.000 millones más. Con este escenario, no resulta ilógico que el Gobierno y la CE se fijaran como prioridad el problema del déficit de tarifa. Industria ha tenido que asumir la responsabilidad y cambiar completamente el sector. La reforma lógicamente coloca a las empresas en una situación complicada, sobre todo para quienes apostaron por invertir en el sector y que ahora ven peligrar su dinero. Se quejan de que Industria ha cambiado las reglas a mitad del juego y tienen razón. Y ante esta situación han decidido jugarse un órdago a la grande.
Tras dos sentencias contrarias a sus intereses por parte de los tribunales, las compañías han decidido, en un movimiento de fuerza, acudir juntas a la Justicia para defender sus posiciones frente al Ministerio de Industria, encabezadas por la patronal Unesa. Y no sólo ellas. A la iniciativa se han unido pequeños empresarios de las renovables. Las compañías cuentan con toda la legitimidad para defender en los tribunales lo que consideran un atentado contra sus intereses. La resolución de la batalla es decisiva tanto para el sector, como para Industria, que se vería obligada, en caso de ser derrotada, a cambiar de nuevo el marco legal. La solución está en manos de los jueces.
