El documento que Artur Mas presentó a Mariano Rajoy de 23 temas "prioritarios" le costaría al Gobierno central 7.500 millones de euros. La mayor parte de las reclamaciones tienen un trasfondo económico y hacen referencia a la falta de financiación, inversiones en infraestructuras o a la gestión de impuestos.
Tampoco aparecía en un principio la petición de un Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, aunque el escándalo de la familia Pujol hizo que Mas intentara ocultarlo a la prensa.
El Gobierno no debe caer en la trampa de hacer concesiones económicas a Cataluña, porque la experiencia en el pasado muestra que éstas sólo solventan temporalmente sus reivindicaciones. Se debe buscar, por contra, una solución permanente, aun a costa de modificar la Constitución.
