Conforme pasan las horas desde que Jordi Pujol revelara su evasión fiscal millonaria, la bola de nieve de los escándalos de la familia engorda por momentos y va camino de arrastrar todo lo que se encuentre por delante, incluido a Artur Mas. Lo último que se ha sabido, y que publica hoy este periódico, es que la inmobiliaria Realia adjudicó en 2002 un piso de protección oficial a la hija menor de Jordi Pujol. Curiosamente, la finca, en una privilegiada zona con vistas al mar, recibió la calificación de VPO de la Generalitat seis semanas antes de adjudicársela a Mireia Pujol. ¿Se cree alguien que fue una casualidad?
Después de saber lo que se ha sabido (el engaño a Hacienda reconocido por el expresidente se suma a la lista de una serie de irregularidades, como el caso Palau, el caso ITV o las adjudicaciones a empresas de sus hijos ...) es difícil de creer. Más si la propietaria de las viviendas era Realia, la inmobiliaria de FCC, con sede en Barcelona. El resto, es justificar lo injustificable, por mucho que Mireia Pujol cumpliera los requisitos exigidos. En Cataluña todavía no han despertado de este mal sueño. Que el hombre que durante 23 años presidió la Generalitat defraudase a Hacienda desde el día que llegó evidencia que la inmovilismo de tantos años en el poder convierte un sistema democrático en un sistema clientelar.
El hombre que decía tener "la conciencia tranquila" ha pedido perdón, pero ya es tarde para él y quizás para Artur Mas, que mañana se verá con Rajoy en una posición de desventaja. Mas dice que es una historia personal, pero lo triste es que en la historia de España hay muchos pujoles. El juez debe investigar si realmente hubo un tráfico de influencias con el fin de obtener favores o un trato preferente tanto para el político como para Realia.