La vuelta de agosto se convertirá en poco menos que en una pesadilla para todos los agentes involucrados en la liberación del denominado dividendo digital. Operadores de televisión, compañías de telecomunicaciones, Ministerio de Industria, instaladores de antenas, comunidades de propietarios y millones de ciudadanos sufrirán el tormento que semejante trajín de frecuencias significa. A grandes rasgos, este proceso consiste vaciar el espacio radioléctrico que actualmente ocupa la televisión digital terrestre (TDT) para posteriormente ocuparla con servicios de banda ancha móvil. Es decir, los recursos radioeléctricos que actualmente se emplean para recibir la televisión, a partir del próximo enero servirán para navegar a toda velocidad con el móvil o la tableta. Todo el mundo está de acuerdo en que tiene que ser así, empezando por la Unión Europea.
El problema del asunto es que el Gobierno no ha actuado con la celeridad necesaria. Ni mucho menos. El compromiso del Ejecutivo consiste en culminar la liberación del dividendo digital antes de finales de 2014 y los plazos no salen. Acaba julio y el Consejo de Ministros se irá de vacaciones sin haber aprobado el Real Decreto que debería poner en marcha todo el tinglado. De esa forma, llegará septiembre con los agobios. En ese mes, se procederá a solapar las emisiones de TDT en dos bandas distintas (la nueva y la antigua). Los operadores de móviles tendrán muy poco tiempo para realizar las pruebas que eviten las temidas interferencias. Los antenistas harán horas extraordinarias para atender la demanda prevista de ocho millones de hogares. Todo se hará a la carrera. Alguien debería recordar que las prisas son pésimas consejeras.
