La intención del Gobierno de gravar fiscalmente la indemnización de los despidos a partir de 20.000 euros ha levantado ampollas dentro y fuera del PP. Las presiones sobre Montoro (incluidas las de sus barones) han sido tales que el ministro no va a tener más remedio que rectificar si quiere calmar las aguas. Mucho barullo para una norma con la que sólo se recaudaría entre 70 y 130 millones, pero que puede hacer mucho daño a un PP que se mueve en clave electoralista tras el varapalo de las europeas. De ahí que un equipo de técnicos esté dando una vuelta de tuerca a una medida que, aunque necesaria, necesita matices. Encima de la mesa hay dos posibilidades: por un lado, duplicar la cifra inicial y fijar el límite en 4.000 euros por año trabajado o establecer, como sucede en el País Vasco y Navarra, un tope total de 180.000 euros.
"¡Por ahí van los tiros!", dicen quienes trabajan en el tema. Por elevar la cuantía a una cifra que supondría que el 95% de las indemnizaciones queden exentas. Los técnicos le han hecho entender a Montoro que la norma se debería aplicar en función de la cantidad percibida. Que no es lo mismo 20.000 euros de indemnización que dos millones.
Sin embargo, Montoro no debe atender a intereses partidistas ni debe ignorar que es una medida que, a excepción de Francia, se aplica en toda Europa. Gravar la indemnización por despido es una manera indirecta de abaratar el coste del desempleo, ya que ha faltado voluntad política de acometer una reforma seria como pedían Bruselas y el FMI. Además puede suponer un alivio para las arcas de la Seguridad Social, si el Gobierno a cambio de los mayores ingresos que obtenga asume las pensiones no contributivas.
