El anteproyecto de ley de mutuas de la Seguridad Social, en apariencia poco innovador, contiene una sorpresa que es toda una carga de profundidad contra las cuentas del sistema de pensiones. Se crea una nueva figura, la Reserva Complementaria, que se nutre del 20% del excedente que tenga cada mutua. Su objetivo es sanear el exceso de gastos de administración en que hayan incurrido estas entidades, que funcionan con dinero procedente de las cotizaciones de empresarios y trabajadores. También con cargo a esta reserva se revoca los dispuesto en el artículo 76.4 de la Ley de Seguridad Social, que prohíbe expresamente sufragar con cotizaciones los costes de los procesos judiciales y la multas impuestas a las mutuas.
Esta decisión de Empleo sólo se explica para dar salida a los más de 28 millones de euros de exceso de gastos de administración que acumulan en la actualidad estas entidades. Una generosidad inaceptable, cuando desde el Gobierno se argumenta que las cuentas del sistema de pensiones impiden una bajada de cotizaciones a las empresas y se tiene que frenar el crecimiento de la nómina de pensiones. La filosofía que inspira la creación de esta reserva no responde a la exigencia de una mejor gestión del dinero público. Va directamente contra los intereses de empresas y trabajadores, al usar las cotizaciones para arreglar el balance de las mutuas y limpiar los excesos que algunas hayan podido cometer con cargo a los presupuestos de la Seguridad Social.